Tegucigalpa.– La Oficina administradora de Bienes Incautados (OABI) informó este lunes que el día de mañana (martes), se estará realizando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la audiencia de homologación y reconocimiento de la sentencia dictada a la ciudadana chilena, Natalia Patricia Ciuffardi, con el objetivo de subastar los bienes que le fueron incautados en Honduras.
“Una vez resuelta la solicitud presentada por la OABI a efecto que la sentencia dictada en el extranjero tenga validez en el país, esta dependencia procederá a la venta de los bienes declarados en comiso mediante la nueva estructura de subastas OABI a efecto de proceder a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en aplicación del artículo 78A de la ley de Privación de Dominio” señala el comunicado.
Lo anterior quiere decir que la audiencia determinará si surte efecto en Honduras la sentencia dictada en Chile, lo que provocaría que la OABI proceda a la venta de los bienes declarados como intervenidos por delito.
Dichos bienes que pueden ser subastados son: un apartamento en Condominio Horizontes San Ignacio; un apartamento 2C Condominio Horizontes San Ignacio; y una casa ubicada en fracción número 2 del Hato de Enmedio.
En tanto, los bienes incautados en Chile deberán seguir otro proceso legal.
Condena:
La chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro (28) fue condenada el pasado mes de junio del 2015 a cinco años de libertad vigilada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, por la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras, en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La mujer fue sometida a un juicio de procedimiento abreviado, donde se determinó mantener en firme la acusación por el delito de lavado de activos y declararla culpable y condenarla a una pena de cinco años.
El gobierno hondureño pretendía que la chilena fuera juzgada en este país, para que la condena fuese de 15 a 20 años de reclusión, pero no fue concedida la extradición, por lo que el juicio se llevó a cabo en su país, dejando una condena que la acredita como responsable del delito de lavado de activos.
En Chile, la pena es de cinco años con la variante de una libertad vigilada, es decir que la fémina podrá llevar una vida normal con la única salvedad que tendrá que ser vigilada por un delegado de su país.
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