TEGUCIGALPA, HONDURAS. El coronel Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y quien encabeza la intervención de los centros penales de Honduras, anunció que van a solicitar que se instalen los hospitales móviles en las cárceles, para así evitar la salida de los privados de libertad.
El Estado de Honduras adquirió en el año 2020, en el marco de la emergencia de la pandemia del COVID-19, 7 hospitales móviles por 47 millones de dólares. El proveedor era Axel López a través Elmed Medical Systems, pero nunca entraron en funcionamiento.
En tal sentido, el titular de la PMOP señaló que los médicos y enfermeras en los centros hospitalarios reciben presiones de parte de las organizaciones criminales, porque son ellos los que atienden a los privados de libertad en el país.
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“Yo solo espero que durante este tiempo no se le ocurra a ningún privado de libertad estar pidiendo ir a una institución que no sea un hospital público”, aseguró el uniformado.
De la misma manera, comentó a medios en la capital que ha girado de manera formal y por escrito, para que se instalen los módulos hospitalarios en los penales.
¿A quién hizo la petición?
La nota enviada por la cabeza principal de la intervención de las cárceles, estaría dirigida al jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar y al ministro de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, para que luego la eleven a la presidenta, Xiomara Castro.
Asimismo, el coronel Muñoz indicó que estas medidas que pretenden implementar tienen la finalidad de controlar las 25 cárceles del país. En la actualidad, la población penitenciaria es de más de 20 mil reclusos.
En ese contexto, Muñoz destacó que, «antes de que puedan pasar a ser una chatarra completa los hospitales móviles, los podamos habilitar para que estén en los centros penales, como es el caso de Támara donde hay 5 mil privados de libertad”.
De los siete hospitales móviles, ninguno está en funciones en la actualidad. Su adquisición ha sido uno de los casos de corrupción más emblemáticos en la historia del país y los acusados siguen en tela de juicio.