MIAMI, ESTADOS UNIDOS. Tras la sugerencia hecha por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso Nacional (CN), de no despenalizar los delitos contra el honor en el nuevo Código Penal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó al ente judicial de «limitado».
Además, la SIP manifesta su preocupación ante el contendio de la opinión no vinculante de la CSJ enviada al Poder Legislativo.
Cabe recordar que el ente legislativo pidió la opinión del poder judicial acerca de 29 artículos del polémico nuevo Código Penal. Entre los mismos se encontraban los concernientes a los delitos contra el honor.
En cuanto a los delitos antes mencionados, varios sectores de la sociedad han pedido su despenalización y que pasen a materia civil. Esto, por considerar que la penalización de dichos delitos es atentatorio contra la libertad de expresión.
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Por tanto, el pasado 1 de noviembre del año en curso, la CSJ recomendó a los parlamentarios no despenalizar los referidos delitos. Ante lo cual, varias organizaciones mostraron su desacuerdo junto al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Reacción de la SIP
Al respecto, el presidente de la SIP, Christopher Barnes, en conjunto con el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, se pronunció en contra de lo sugerido por la CSJ hondureña.
Ambos lamentaron que la CSJ no tomara en cuenta la nueva jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Misma que en su último fallo estableció que el Estado no puede actuar penalmente para proteger a un funcionario público.
Textualmente, el inciso dice: “En el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario”.
Asimismo, la CIDH recalcó que el uso de la norma penal por revelar noticias referentes a ese tema, se convierte en «amedrentamiento». Esto, de forma directa o indirecta, estaría limitando la libertad de expresión a los medios de comunicación y a los periodistas en su defecto.
La misma Corte deja claro que las actuaciones penales impedirían que las conductas de los funcionarios se den a conocer al público. Tales como, abusos de autoridad, corrupción y todas aquellas que infrinjan el orden jurídico establecido.
Esperan que el CN no acepte las sugerencias
Ante los argumentos expuestos por la Corte-IDH, Barnes y Rock esperan que Poder Legislativo no acepte la recomendación de la CSJ. Este ultimo poder recomendó que los delitos de injuria y calumnia sigan en el nuevo Código Penal y en el vigente.
Cabe decir, que la despenalización de los delitos en referencia ya es vigente en países como El Salvador, Granada, Jamaica, México, Argentina y Bermudas. Igualmente, Panamá y Uruguay. Chile y República Dominicana también, pero de forma parcial.
Los dos directivos esperan que así como estos países, Honduras actué de manera similar, a fin de fortalecer la libertad de expresión. Al tiempo que hicieron hincapié en que si se comete algún delito de esa índole en contra de un funcionario, el acusado debe comparecer ante una instancia civil.
En consonancia a ese reclamo, tanto Barnes como Rock invocaron la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
