El próximo lunes, 28 de septiembre, –aniversario de la llegada de los pliegos del Acta de Independencia a Tegucigalpa— el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregará al ciudadano presidente Juan Orlando Hernández los pliegos de la propuesta para instalar la SIHCIC.
El portavoz de la buena nueva es el secretario de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, quien informa, además, que la SIHCIC del presidente Hernández no causará gasto al Estado porque será financiada con contribuciones de países amigos.
El costo del plan de la OEA, que todavía no está completado, se estima, tentativamente, en 6,0 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 130 millones de lempiras) que se conseguirán “tocando puertas”, dicen. No parece fácil juntar esa cantidad, ya que en estos tiempos de penuria nadie está para botar el dinero.
Como el optimismo a ultranza es una de las características del actual gobierno, que aunque nadie le cree ha terminado por creer su propia demagogia, se asume que la reforma judicial, “estilo Honduras”, cuenta con el aplauso –y la largueza— de todo el mundo. El rechazo del pueblo hondureño a esa añagaza reformista la ignoran extra-fronteras.
La armazón de la SIHCIC mediante la aplicación de la “diplomacia desde arriba” es el primer proyecto de la nueva OEA, bajo el liderazgo de Almagro, que promete réditos políticos para el continuismo del régimen de Juan Orlando Hernández, pero también para la OEA con la oportunidad de dar empleo a jueces y fiscales internacionales que participarían en la implementación de una reforma judicial “gatoparda”.
Lo que resultara del proyecto SIHCIC, en caso de llevarse a término, redundaría en profundización de la crisis política pero también en más descalabro de la confianza pública. Sobre todo porque, sabidos como estamos de los malabarismos gubernamentales, ese anuncio de que el financiamiento del proyecto será un regalo de países amigos es una forma de esquivar –y enmascarar– la aprobación del Legislativo de tal gasto, con dinero nacional.
De cualquier manera, la demanda de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), a cargo de Naciones Unidas, sigue incólume en el conglomerado hondureño representado por la Oposición Indignada, las organizaciones independientes de la sociedad civil y los partidos mayoritarios, con excepción, por supuesto, del Partido Nacional, “hecho poder”, y los pigmeos adláteres.
Así las cosas, hacia Belén la caravana pasa…
