TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los cinco ex diputados del Congreso Nacional de Honduras (CN), acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), interpondrán un recurso para que se revisen las atribuciones de la misma.
Cabe recordar que los parlamentarios señalados por la MACCIH de apropiarse fondos públicos provenientes de una oenegé son:
Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Eleazar Juárez. Así como Dennys Sánchez y Héctor Padilla.
En ese sentido, los congresistas recurrirán a interponer un escrito ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto, con el objetivo que se determine cuáles son las funciones que tiene la Misión de Apoyo enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El recurso tiene el fin de que se revise el decreto que dio vida a la MACCIH. La cual tiene como vocero al peruano Juan Jiménez Mayor.
Esto, según lo informado por uno de los apoderados legales de los ex diputados.
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Bases legales del recurso
El grupo de ex parlamentarios reclaman que la MACCIH vino a suplantar la persecución penal. Esto, según los bautizados por la Misión como la “Red de Diputados”, porque según ellos, dicha función le corresponde al Ministerio Público.
Además, que el organismo anticorrupción se excedió de sus funciones. Al tiempo que subrayan que fue creado para hacer el acompañamiento a la lucha contra el Flagelo.
Finalmente, los ex “padres de la patria” denunciarán a la MACCIH por haber desprestigiado el honor de los otrora congresistas. Por lo anterior, se tiene previsto que los acusados acudan a la defensoría del pueblo OEA y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para realizar las respectivas denuncias.
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Resolución en caso «Red de Diputados»
Cabe recordar que la jueza Alma Guzmán decidió archivar la causa contra los imputados el pasado miércoles. Esto, en virtud de las reformas a la Ley de presupuesto ya que delega al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la investigación en casos de enriquecimiento ilícito contra altos funcionarios.
De tal forma, este caso se llevará a través de la vía administrativa para verificar si hubo ilícito o no. Lo cual cuenta con tres años de plazo para realizar dicha acción. De tal manera, el abogado defensor de los congresistas, Juan Carlos Sánchez, indicó que durante el proceso no se acreditó ningún delito, entonces el caso quedó prácticamente cerrado.
En ese sentido, Sánchez explicó que si el TSC encuentra un ilícito deberá remitir el expediente de nuevo al Ministerio Público. Y posteriormente se emitirá un nuevo requerimiento fiscal si llega a pasar esta instancia.
