TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos sugirió que el Congreso Nacional debe derogar la reforma a la ley que originó el Pacto de Inmunidad en el Congreso Nacional.
“Ese artículo que inmuta al Ministerio Público (MP), a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) y cualquier otra entidad que no sea el Tribunal Superior de Cunetas (TSC), no debe continuar”, señaló.
“Esa es una forma disfrazada de esconder la corrupción. Además, «Apañar la impunidad y aquí precisamente está la MACCIH para eso”, subrayó.
Asimismo, Barrientos reiteró que “con este tipo de actitudes estamos jugándole la vuelta a la MACCIH. Igualmente, «a toda la institucionalidad jurídica del Estado hondureño”.
Denunció que de acuerdo a esa reforma el Ministerio Público (MP) no puede investigar los temas de liquidación del presupuesto.
“Se trata de fondos públicos, de bienes públicos, esos fondos no son de la gente del Congreso Nacional ni del partido de poder. Es el dinero de todos los hondureños, no podemos continuar escondiendo ni tapando la corrupción”, puntualizó.
Actos inconstitucionales
Por su parte, el ex legislador por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rasel Tomé, catalogó como actos inconstitucionales la reforma que beneficia a diputados funcionarios y diputados.
“Hoy en Honduras quedó evidenciado que si no se deroga eso habrá un pacto de inmunidad. Yo le pido a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la MACCIH que presione esa disposición corrupta”, manifestó.
De igual manera, el abogado planteó que la MACCIH debe hacer que se derogue el artículo para hacer justicia. “No podemos seguir llenos de corrupción. No podemos seguir con el país lleno de pobres o con los hospitales sin medicamentos”.
“Aquí los corruptos quieren que los aplaudan. Los que saquearon esos fondos ahora están haciendo esas leyes para decir que aquí en Honduras la corrupción no es delito”, sostuvo.
Retroactividad
Entre tanto, otro experto en materia, Salvador Polanco precisó a DIARIO TIEMPO DIGITAL que la reforma a la ley del presupuesto que beneficia a la red diputados va en contra de la Constitución de la República.
“La Constitución establece como principio sagrado la retroactividad de la ley sólo en materia penal. Realmente es una picardía de clase política de irse protegiendo de estos actos de corrupción”, consideró.
“Para esa se ha prestado ese fondo municipal del Congreso es para comprar conciencias y voluntades”, añadió.
El ex catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) enfatizó que la reforma a la ley no debería de ser aplicada para la “red de diputados”.
“Ellos fueron juzgados antes, las leyes tienen efecto hacia adelante desde que se han publicado. Aparentemente metieron la retroactividad en materia administrativa”, detalló.
“Esa ley debe aplicarse a los que cometan esas infracciones a partir del día en que se publicó esa ley”, planteó.
También comentó que “la clase política representada en el Congreso Nacional lo que hacen es ponerse de acuerdo. Todos se tapan con el manto de la impunidad y aprovechándose del proceso legislativo”.
Válida desde la gobernatura de Zelaya
Sin embargo, el Congreso Nacional emitió un comunicado este día. En el que especifica que la investigación aplica desde el gobierno de Manuel Zelaya 2006-2009 hasta la actualidad.
«El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente».
