TEGUCIGALPA, HONDURAS. El dirigente campesino, Rafael Alegría, manifestó esta mañana que en los próximos días será presentando un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto PCM-052, que confiere facultades a las Fuerzas Armadas (FFAA) para manejar el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, PDAH.
«Este fin de semana un equipo de abogados ha estado preparando un recurso y el día de mañana se interpondrá en la Corte Suprema de Justicia. Se expondrá una clara violación a la Constitución de República», señaló Alegría.
El exdiputado también señaló que «se demostrará que las Fuerzas Armadas no tienen ninguna función constitucional. Tampoco ningún mandato en la carta de su constitución como Fuerzas Armadas para administrar o dirigir el agro hondureño».
Asimismo, mencionó que hay grupos dentro del agro hondureño que apoyan esta decisión. «Hay unas organizaciones que son las que lamentablemente también apoyaron la Ley de Modernización Agrícola que hoy nos tiene en un caos, en un desastre».
Alegría agregó que «desarticularon el sector campesino y el sector agrícola. Caímos en una crisis alimentaria que estamos viviendo hoy, como es esto de que las Fuerzas Armadas manejen el sector agrario».
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«No estamos en contra de las Fuerzas Armadas»
No obstante, Alegría aseguró que el sector campesino no está en contra de las FFAA. Sino, que están molestos con la decisión que proviene desde el gobierno.
«El sentimiento de los campesinos en este momento no es contra las Fuerzas Armadas, es contra una decisión gubernamental que le está otorgando facultades a las Fuerzas Armadas que no las tiene», indicó.
Del mismo modo, cree que con estas decisiones pareciera que Honduras se dirige a una militarización total. «Ellos (FFAA) controlan casi todo», dijo.
Finalmente, recordó que son muchos sectores los que están en contra de dicha medida. Además, pidió al Gobierno rectificar y acordarse del agro hondureño.
«Les pido que rectifiquen y recordemos el agro hondureño. La Cámara de Comercio de Cortés y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa; cuatro colegios agrícolas y forestales, más la Universidad Nacional Autónoma, un grupo de productores de medianos y grandes del sector agrícola, más nosotros de vía campesina, estamos en contra de esta medida», concluyó.
