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martes, julio 16, 2024

Panamá retorna a dos hondureños por sus vínculos con la Pandilla 18

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Redacción. El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá ha informado sobre el retorno de dos hondureños por tener en sus antecedentes penales haber formado parte de estructuras criminales como la Mara Barrio 18 (Pandilla 18).

El informe indica que los dos ciudadanos llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, donde las autoridades de migración al percatarse de su pasado criminal los regresaron a Honduras.

Uno de los hombres corresponde a un extranjero nacido en Honduras, de 32 años de edad, a quien se le impidió la entrada al país desde la Terminal 2, del aeropuerto Tocumen. La oficina de migración panameña ha señalado que «se le devolvió a su país» debido a que por 7 años fue miembro activo de la organización criminal Mara Barrio 18.

El segundo es un hondureño con antecedentes penales por los delitos de bandolerismo y posesión ilegal de armas, y se le impidió el sábado la entrada a Panamá cuando llegaba al  aeropuerto (antes mencionado) de un vuelo procedente de Medellín, Colombia.

Panamá retorna a hondureños por sus vínculos con pandillas
Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

Panamá ha negado la entrada a varios centroamericanos

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el ‘hub de las Américas’, es un centro regional que conecta 87 destinos de 37 países del mundo, según los datos de su página web.

En las últimas semanas, las autoridades panameñas han informado que a varios ciudadanos de países centroamericanos se les ha impedido el ingreso a su país por presuntos vínculos con las pandillas (Barrio 18 o Mara Salvatrucha). La Mara Salvatrucha es una de las más violentas por su vinculación con el narcotráfico, extorsiones y asesinatos; tiene presencia en El Salvador y otros países.

En El Salvador también se ha librado una guerra contra las pandillas, que llegaron a situar al país como el más violento del mundo. El presidente Nayib Bukele ha logrado capturar a más de 78,000 personas bajo el amparo de un estado de excepción que se prolonga desde hace dos años. Esto, además de estar en medio de señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

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