Redacción. Honduras registra 10 muertes múltiples en los primeros meses de 2025, con un total de 35 víctimas mortales, pese al discutido estado de excepción implementado por el gobierno desde el 2022, el cual fue renovado en enero sin la aprobación del Congreso Nacional.

Las 10 masacres han ocurrido en seis departamentos del país, siendo Francisco Morazán el que concentra la mayor incidencia con cuatro, seguido de Olancho con dos. Colón, Comayagua, Yoro y Ocotepeque también figuran en la lista con un homicidio múltiple cada uno, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

La violencia sacudió el Distrito Central el pasado lunes, cuando siete hondureños fueron asesinados en dos masacres ocurridas en diferentes puntos de la capital. Estos hechos desataron indignación en la sociedad, evidenciando la vulnerabilidad del país ante el crimen organizado. Hasta el momento, ambos casos permanecen impunes, sin claridad sobre los responsables ni personas capturadas.

Aumento del 100% en homicidios múltiples

Las cifras reflejan un preocupante incremento de la violencia. Aunque el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha calificado estos hechos como un «leve aumento», el OV-UNAH reporta que las masacres han subido un 100% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio, alertó que ocho de las 10 masacres perpetradas en 2025 ocurrieron en espacios públicos, lo que demuestra el descontrol en el sistema de seguridad del país. “Pasamos de cinco (en 2024) a 10 homicidios múltiples. Los cinco del año pasado dejaron 15 víctimas en comparación con las 35 que van en 2025. Es importante establecer que Francisco Morazán registra el 40 % de estos eventos de violencia”, señaló.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad defiende una reducción de 94 homicidios en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que representa un 21.31 % menos. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica, y el estado de excepción es la medida más cuestionada por su ineficacia.

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Estrategias fallidas

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), lamentó el alto índice de violencia y aseguró que se están implementando estrategias erróneas para combatir el crimen. «Ya vimos que un estado de excepción no es la solución. Restringiendo derechos y garantías, no se obtienen los resultados. Del 20 de enero al 4 de marzo se registran 10 masacres con 35 personas asesinadas, no es un dato que se puede llevar a la ligera», expresó.

Castañeda también indicó que el Estado debe adoptar medidas más contundentes y con el enfoque adecuado. «El año pasado lo cerramos con 43 (muertes múltiples), es decir, que las proyecciones nos dicen que esto va a empeorar de seguir así», advirtió.

Desde el inicio, la ASJ ha cuestionado la implementación del estado de excepción como estrategia contra el crimen organizado. “Ya pasaron dos años y lamentablemente no hay mejora ni reducción en estos fenómenos criminales. Hay menos homicidios, pero con la impunidad al 95 %, eso no le sirve al país”, afirmó.

Falta de acción del Congreso Nacional

En junio de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, anunció en cadena nacional una serie de «medidas radicales» para combatir la criminalidad. Entre ellas, se incluyeron la construcción de nuevas cárceles, el fortalecimiento de la investigación y reformas al Código Penal para dotar de mayores herramientas legales a la Policía Nacional.

Sin embargo, siete meses después, la mayoría de estas medidas no han sido implementadas, principalmente debido a la falta de acción del Congreso Nacional. La ausencia de consensos entre bancadas y la falta de voluntad política han dejado en vulnerabilidad al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad.

«En Honduras no hay recursos para los operadores de justicia. Aquí la pregunta es qué está haciendo el Congreso Nacional, que es quien debe dar las herramientas necesarias para que el sistema de justicia tenga éxito y judicializar los casos donde se involucren a miembros de estructuras criminales», señaló Castañeda.

Urge mayor prevención y depuración

El criminólogo Gonzalo Sánchez sostuvo que las autoridades han fallado en la prevención del delito, con un visible relajamiento en los operativos de seguridad que deja a la población en desprotección. «Hay que sacar a los policías a las calles y cambiar las estrategias. Dentro de una patrulla con aire acondicionado y con celulares no se previene el delito, deben andar a pie patrullando para disuadir al delincuente», afirmó.

Según el experto, la Secretaría de Seguridad debe someterse a constantes depuraciones para retirar a los elementos que no cumplen con su labor o que tienen vínculos con el crimen organizado. Además, enfatizó en que la responsabilidad de combatir la violencia no recae únicamente en la Policía, sino también en el Congreso Nacional y su falta de acción en temas de seguridad.

No minimizar las masacres

Leonardo Pineda, miembro de Sociedad Civil, reconoció los avances en la reducción de homicidios, pero advirtió que esto no debe restar importancia a las masacres. «La tasa de homicidios ha bajado, pero la criminalidad aún no baja. Hay que celebrar, pero seguir trabajando para reducir la criminalidad de las pandillas y otras organizaciones criminales», expresó.

Finalmente, criticó la renovación del estado de excepción sin la aprobación del Congreso Nacional, considerándolo una medida sin peso legal ni efectividad. «El estado de excepción no tiene peso de ley porque no ha pasado por el Congreso Nacional, entonces los criminales terminan saliendo», concluyó.

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Incertidumbre de cara a las elecciones

A pocos días de las elecciones primarias, el aumento de las masacres genera temor en la ciudadanía.

Las muertes múltiples “infunden temor en la ciudadanía en un contexto electoral, lo cual trae consecuencias negativas para que las personas puedan ejercer el sufragio de forma tranquila y en paz”, expresó Ricardo López, director del Despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humano (Conadeh).

El defensor de los derechos humanos, hizo un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad a nivel nacional para garantizar el orden el próximo domingo 9 de marzo.

Primero en Centroamérica 

A pesar de la reducción en la tasa de homicidios, Honduras sigue enfrentando un grave problema de violencia, reflejado en el alarmante aumento de las masacres en 2025. La falta de medidas efectivas y la impunidad predominante han generado incertidumbre y temor en la población, especialmente en un contexto electoral.

Mientras las autoridades defienden la continuidad del estado de excepción como una estrategia clave, expertos y organismos advierten que su impacto ha sido limitado y que el crimen organizado sigue operando con fuerza. Con 10 masacres y 35 víctimas en apenas dos meses, Honduras no solo encabeza los índices de violencia en Centroamérica, sino que se mantiene como el cuarto país más violento de América Latina, según datos de InSight Crime.