Opinión de Félix Ávila: Privación de libertad en el contexto de la pandemia COVID-19

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La más reciente recomendación en materia de privación de libertad la ha expresado la CIDH, con motivo de la pandemia de Covid-19, mediante resolución número 1/2020 de fecha 10 de abril de 2020, en cuyas motivaciones se expresa de la siguiente manera:

Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Los privados de libertad tienen el carácter de personas y grupos en situación especial de vulnerabilidad. En la expresada resolución la CIDH señala que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo.

Con carácter especial, en los puntos resolutivos, respecto a las personas privadas de libertad, la CIDH recomienda a los Estados de la región, en otras, la siguientes:

Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y las demás recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha formulado a Honduras, en especial las adoptadas como resultado de la última vista in loco en el año 2018, en el sentido de que, en cumplimiento a los deberes de respeto y garantía que establece el artículo 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por medio del Congreso Nacional de la República se debe legislar, a efecto de que el sistema procesal penal, en materia de prisión preventiva, sea más consecuente con el respeto a los derechos humanos. Parte de estas medidas de garantía de los derechos humanos pasa porque se opere una reforma adecuada al tantas veces mencionado artículo 184 del Código procesal penal, permitiendo que el mismo vuelva a su redacción original, lo que equivaldría a que la prisión preventiva ya no sea impuesta de manera obligatoria a los procesados por delitos con mayor incidencia, sino conforme a los criterios y presupuestos legitimadores y los principios básicos y fundamentales que orientan en Código procesal penal.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de abril de 2020  


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