Redacción.- La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, informó al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sobre el nombramiento de Miguel Pérez Suazo como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y, además, comunicó sobre otros 13 funcionarios policiales propuestos para ser nombrados como nuevos integrantes de la institución.
En el comunicado del Plan de Intervención de los Centros Penitenciarios se detallan los cambios de la estructura propuestos por Villanueva. Entre estos, se dan a conocer los 14 cambios en el personal del INP.
Te puede interesar: Nombran a Julissa Villanueva para dirigir intervención de cárceles
“En el marco de la seguridad ciudadana a través del Plan de Intervención de los Centros Penitenciarios del país, dentro de las atribuciones que me corresponden de conformidad con el mandato presidencial para presidir este Plan de Intervención, hago de su conocimiento acerca de los funcionarios propuestos para ser nombrados como nuevas autoridades del INP», reza el comunicado.
En el documento se detalla que los policías tomarán el control del INP, luego de que superen las pruebas de confianza.
Sin embargo, entendidos en el tema se plantean si un nuevo cambio de autoridades podrá erradicar la problemática de los centros penales del país.
Problema de las cárceles es estructural, no se resolverá con «movimientos»
El analista y abogado German Licona dijo que la estrategia que establezca Villanueva debe llevar planes a corto, mediano y largo plazo, no solamente el cambio de personal de distintos cargos en el INP.
«El problema de las cárceles es estructural, no se va a resolver haciendo cambios en la organización ni construyendo más cárceles. Creo que dentro del Plan que ha establecido la viceministra Villanueva debe incorporar planes a corto, mediano y largo plazo», expresó.
Licona aseguró que inicialmente se debe recuperar la administración de los centros penales, ya que han estado a cargo de los autogobiernos. De esa manera se podrá contrarrestar la operación de las estructuras criminales desde los recintos penitenciarios.
Lee también: Conadeh reporta 1,339 quejas de violaciones a DDHH en cárceles
En caso de que se realice el cambio en la dirección del INP, debe aprovecharse para tomar medidas extraordinarias que logren controlar las cárceles, asegura Licona. Al mismo tiempo, recomendó a Miguel Pérez Suazo (propuesto para director) que, de obtener el cargo, primero busque proteger a su familia. Luego debe acompañe de expertos para establecer controles más específicos en las cárceles.
Finalmente, lamentó que los centros penales del país no sean sostenibles, situación que vuelve necesario aplicar la «mano dura», como en el país vecino de El Salvador.
«Las medidas que han tomado en otros países es importante replicarlas, pero con la realidad que vive nuestro país. Con el fin de sentar las bases para que el sistema penitenciario pueda tener vigencia donde se respeten los derechos humanos y la vida de cada uno», sentenció.
La intervención no sirve si se dejan las «manzanas podridas»
Sobre el tema, hay expertos que consideran el reemplazo de personal como algo que podría dar resultados positivos. El criminólogo Gonzalo Sánchez aseguró que los hondureños aún confían en la intervención de los centros penitenciarios y que si lo consideran necesario, se deben reemplazar las «manzanas podridas».
«De nada sirve que intervenga los centros penitenciarios si van a dejar las manzanas podridas. Va ser necesario que (la autoridad del INP) haga los cambios que estime pertinentes«, comenzó diciendo.
Sánchez apuntó que las autoridades gubernamentales deben enfocar sus esfuerzos en terminar con la corrupción dentro de las cárceles. «Principalmente se debe atacar la corrupción, se debe investigar y poner a la orden del Ministerio Público (MP) a aquellas personas que se prestan por dinero a introducir armas, celulares, drogas«, indicó.
Además, el criminólogo manifestó que la «mano dura» del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las estructuras criminales ha dado los resultados esperados. Por lo que este caso de éxito debería servir de ejemplo para las autoridades hondureñas.
«A mí me llama la atención que la presidenta Xiomara Castro dice mano dura. La mano dura es la que está utilizando Bukele, creo que le está dando resultado. Han reducido la incidencia de la violencia. Hay días enteros sin homicidios, está mejorando la inversión nacional y extranjera. Si se van a tomar las medidas que El Salvador (toma), creo que va a ser necesario el nuevo nombramiento que hizo Julissa Villanueva«, expresó.
«Derechos humanos son un obstáculo para el actuar de la Policía»
Por otra parte, Gonzalo Sánchez es del criterio de que los derechos humanos han limitado el actuar de la Policía Nacional contra las estructuras criminales.
«Siempre he creído que los DDHH hacen un buen papel, pero debería ser para las personas honradas y no para quienes cometen asesinatos y hacen crímenes. Lamentablemente los tratados que firma Honduras sobre DDHH dejan entrever que sólo son para los privados de libertad y otras personas«, manifestó.
Por otro lado, el experto en criminología aseguró que deben darle un estamento jurídico a los uniformados, para que estén protegidos en sus labores.
«DDHH hace los señalamientos, pero la fiscalía del MP pasa acusando a los policías cuando se defienden y eso es grave. Los DDHH son un obstáculo para que la Policía pueda ejercer sus funciones como tiene que ser», sentenció.
Conadeh pide que la intervención sea basada en derechos humanos
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, aseguró que esperan que la estrategia y procedimiento de la intervención sea basada en los derechos humanos.
«El problema en el sistema penitenciario se genera por problemas estructurales que han sido sistemáticas y progresivas desde que se creó el sistema penitenciario», argumentó.
Además, dijo que se deberían estudiar a los nuevos integrantes del INP. Se debería verificar que sean conocedores de derechos humanos. También aseguró que el Conadeh está a disposición del INP para ser parte de la mesa técnica para la intervención de los centros penales.
De igual manera, criticó las falencias en cuanto al respeto de los derechos de los privados de libertad. «La mano dura, creo que es una frase que se tuvo que dejar de utilizar hace mucho tiempo. Vamos a estar encima por la seguridad, no sólo de la población penitenciaria, también del personal penitenciario. No puede haber políticas integrales si no hablamos de seguridad y derechos humanos», puntualizó.
Recordó que sólo el 25% de la población carcelaria forma parte de maras y pandillas; el resto son convictos que no pertenecen a estas estructuras criminales. Son procesados o personas que están cumpliendo penas por diversos delitos, aseguró.
«Cualquier política, estrategia o mecanismo que consideren que se debe aplicar en los centros penales deben tener un enfoque de derechos humanos. El Estado es el garante y esa es su posición de proteger y velar por los derechos humanos», sentenció.
