El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) manifestó recientemente que la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) son potenciales ejecuciones extrajudiciales.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, responsabilizó a la Policía Nacional de la muerte de las reclusas. Ella señaló que 119 de 120 casquillos encontrados en la escena pertenecían a esta institución.
Según Villanueva, los casquillos tendrían grabado «IMI-PN», significado referente a la «Industria Militar Israelí» asignados a la Policía Nacional de Honduras.
En ese sentido, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, manifestó que las declaraciones de Villanueva podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos derivados de graves violaciones a derechos humanos, particularmente de potenciales ejecuciones extrajudiciales de ciudadanas mujeres bajo su custodia.
Señaló que la situación podría agravarse por la falta de rendición de cuentas respecto al desarrollo de la investigación judicial si se logra conformar la hipótesis de Villanueva.
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Investigación y contaminación de las pruebas
Además, advirtió que la investigación no se habría resguardado de la contaminación o alteración de las pruebas que pudieron realizar los perpetradores, debido a que han pasado cinco meses desde la ocurrencia de los hechos y los responsables no han sido identificados, procesados ni castigados.
Admitió que ha enfrentado serios obstáculos que han entorpecido su función y han impedido el esclarecimiento de los hechos. Entre éstos, impedimentos por parte de autoridades policiales para inspeccionar la escena del crimen. Asimismo, la no contestación de los requerimientos de información y la no remisión de las copias de los dictámenes de autopsias solicitados.
Agregó que la propia viceministra de Seguridad también se ha negado a remitir copias de los dictámenes de las autopsias solicitadas.
El Conadeh instó al Ministerio Público a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos.
