TEGUCIGALPA-HONDURAS. Fiscales del Ministerio Publico reafirmaron este lunes las acusaciones penales incoadas contra los exmiembros del extinto Consejo de Judicatura, por lo que la defensa de los imputados cuestiona que aún no logran su libertad a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya lo haya ordenado.
Cabe señalar que hoy se realizó en el Juzgado en Materia de Corrupción la audiencia preliminar contra los exfuncionarios.
A efecto de eso, se informó que en los próximos tres días, dicho órgano judicial dará su resolución.
En ese sentido, Irma López, abogada defensora, dijo que ahora toca esperar si la causa se eleva a juicio oral y público.
Los exintegrantes del fenecido Consejo de la Judicatura están procesados por malversación de caudales públicos. Y delitos relacionados al abuso de autoridad.
Los procesados en dichos delitos son: el expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés. Así como también a los exconcejales: Liliam Maldonado Sierra, Julio César Barahona Henríquez, Francisco Quiroz, Teodoro Bonilla y Celino Aguilera.
Es preciso recordar que una decisión tomada el pasado jueves por el pleno de la CSJ permitió que los concejales se defendieran en libertad. Sin embargo, ese extremo no ha ocurrido todavía por trámites administrativos.
Por tal razón, los representantes procesales de los imputados anunciaron la presentación de un recurso de «habeas corpus». Lo anterior, en vista a que sus defendidos no han sido liberados como lo ordenó el Poder Judicial.
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Ex presidente de la CSJ es acusado de 60 delitos de malversación
En dicha causa penal, se acusa al expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Mientras que Teodoro Bonilla es señalado por por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Asimismo, Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de malversación de caudales públicos. Y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de malversación de caudales públicos. Así como también por el uso de documentos privados falsos.
Por su parte, a Julio César Barahona Henríquez se le acusa de malversación de caudales públicos. Al igual que a Francisco Quiroz.
Según investigaciones, los exconcejales habrían desviado al menos 13 millones de lempiras correspondientes a viáticos del Poder Judicial.
Cabe indicar que, Teodoro Bonilla, ex presidente del Consejo de la Judicatura guarda prisión en el Primen Batallón de Infantería. Lo anterior, porque también se le acusó por el delito de tráfico de influencias en el sonado caso Shalom.
