Tegucigalpa, Honduras. Este día se reunió el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar el recurso de amparo que ha sido propuesto por los abogados defensores de los exconcejales, quienes guardan prisión preventiva.
Luego que la Corte de Apelaciones dictaminara que los exconcejales no se podrán defender en libertad. En consecuencia, guardarán prisión durante el proceso judicial.
A raíz de esto, Irma López, quien es parte de la defensa de los miembros del extinto consejo de la judicatura manifestó “esperemos que sea Dios que dirija a los cada uno de los magistrados que estarán en el pleno”.
López explicó que se desconoce quiénes integrarán en esta ocasión el pleno de magistrados. Sin embargo enfatizó que “los cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional no estarán presente en este pleno”.
La defensora, reiteró que espera “que sea la voluntad de Dios y la justicia que se aplique el día de hoy”.
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Argumento de la defensa
Según la defensa el dictamen de la Corte de Apelaciones “vulnera el principio o un acto constitucional. Nos lleva a pedir un recurso de amparo con suspensión de acto reclamado; es decir que durante el manejo del proceso legal ellos puedan ser escuchados en libertad” manifestó López.
Asimismo, explica que “defenderse en libertad es un derecho constitucional que lo establece la Constitución de la República”. Lo anterior, en el artículo 93 “al decir que ninguna persona puede ser llevada a la cárcel, ni mantenida en ella, si ofrece una caución de conformidad con la ley” explica la abogada.
Cabe aclarar que una caución es una garantía que da del cumplimiento de un pacto. En consecuencia, López expresa “hemos presentado una caución depositaria a favor del Estado de Honduras. Esta ha sido admitida por un juez de primera instancia. No así, por jueces de segunda instancia. Es por eso que al considerar que se ha violentado una garantía constitucional de ser escuchados en libertad nos lleva a interponer este recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Caso Consejo de la Judicatura
El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Esto, en contra del pleno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.
Según la acusación, el caso se trata de más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos; específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos.
Mediante estas supuestas acciones se habrían desviado alrededor de Lps. 13,5 millones por concepto de giras nacionales y al extranjero.
