TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana en los Juzgados en Materia de Corrupción se notificó que los exconcejales no se podrán defender en libertad debido al dictamen de la Corte de Apelaciones y guardarán prisión durante el proceso judicial.
Anteriormente, los miembros del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial gozaban de medidas de sustitutivas otorgadas por el Juzgado de Letras.
«La juez no tenía otra opción más que cumplir con la orden de la Corte de Apelaciones», manifestó el abogado defensor German Amador.
Se supo que los imputados harán efectivo el cambio de medidas en el Primer Batallón. En contraste, la imputada Liliam Maldonado será enviada al Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS). Lo anterior mientras concluye el proceso o cambian medidas.
Los defensores acordaron que las autoridades deben resguardar la integridad de los exconcejales. Lo anterior debido a que en el ejercicio de su oficio enviaron a prisión a algunas personas que aún purgan su pena.
Por su parte, Rosa Helena Martínez, apoderada legal de Jorge Rivera Avilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó que aún están a la espera de la resolución en cuanto al amparo presentado el pasado lunes.
Hasta el momento la Sala de la Constitucional no se ha manifestado en relación a dicho amparo. Asimismo, Martínez expuso que «las medidas son provisionales. Deben revisarse cada tres o cuatro meses durante el proceso legal».
De igual manera especificó que solo dictaminaron un auto de formal procesamiento. «El proceso continúa hasta demostrar la inocencia de nuestros defendidos», concluyó Martínez.
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Prisión preventiva a exconcejales
Al expresidente de la CSJ se le imputan 131 delitos de abuso de autoridad y 30 delitos de malversación de caudales públicos. Sin embargo, Rivera Avilés afirma que tiene la conciencia tranquila y dijo: «no he cometido ningún delito».
Manifestó también que «aquí solo cabe un reparo administrativo. Estoy de acuerdo a hacer un reparo y en devolver lo que resulte. Pero han confundido la materia y la han convertido en materia penal».
Al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Cabe recordar que Teodoro Bonilla ya guarda prisión por otras acusaciones. No obstante, su apoderada procesal, Delmy Márquez, se presentó ayer ante la Sala Constitucional a interponer un recurso de amparo. Lo anterior bajo el argumentando que solo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) puede investigar a su cliente.
Además guardaran prisión preventiva José Quiroz Mejía a quien se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos. Así como Liliam Maldonado Sierra, a quiense le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
Por su parte a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos. Además tres delitos de uso de documentos privados falsos.
En el caso de Julio César Barahona Henríquez, se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. Por no presentarse a la audiencia de hoy se le enviará en tiempo y forma un nuevo llamado.
Caso Consejo de la Judicatura
El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Esto, en contra del pleno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.
Según la acusación, el caso se trata de más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos; específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos.
Mediante estas supuestas acciones se habrían desviado alrededor de Lps. 13,5 millones por concepto de giras nacionales y al extranjero.
