TEGUCIGALPA-HONDURAS. De acuerdo a la experta internacional en temas de derechos humanos, Marcia Aguiluz, la desigualdad continúa generando altos índices de violencia en Honduras.
Aguiluz aseguró a través de Efe que «Seguimos con un país tremendamente desigual, y esa desigualdad, pues claramente, genera índices de violencia importantes».
La defensora de nacionalidad costarricense, quien participó en el Foro de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias contra Honduras, aseveró que la desigualdad en el país afecta a las poblaciones históricamente excluidas, como las indígenas, afrodescendientes, a las mujeres y a los niños.
En ese sentido, enfatizó que hay problemas que se vienen arrastrando y que lamentablemente no parecen ser superados todavía.
A efecto de eso, la costarricense consideró que la situación de derechos humanos es compleja en Honduras. Aunque dijo que ese no es un problema nuevo, sino que se arrastra desde muchos años atrás.
Indicó que el foro es básicamente para «dialogar y recordar algunas de las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) respecto de Honduras que, lamentablemente, no están cumplidas».
«Vamos a estar reflexionando. Varias de las sentencias que han sido dictadas, por ejemplo en los casos de los ambientalistas Jeannette Kawas, Carlos Luna y Carlos Escaleras -asesinados entre 1995 y 1997-, son sentencias que tienen que ver con la violencia que vive este país contra personas defensores de derechos humanos», agregó.
La entendida en el tema criticó que la CorteIDH ya ha dictado una serie de medidas para Honduras, como por ejemplo, la obligación del Estado a crear una política pública para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero lamentablemente no se ha cumplido hasta ahora.
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Aguiluz: “Falta de voluntad política tiene que ver con el incumplimiento del Estado”
«Entonces, el espacio tiene ese objetivo. Hay condenas contra Honduras de la Corte Interamericana y cuál es la obligación del Estado para cumplir con esas decisiones», señaló.
Para la especializada, la falta de voluntad política tiene que ver con el incumplimiento del Estado en materia de derechos humanos.
“El país centroamericano ha sido condenado en 13 ocasiones por la CorteIDH, sin que el Estado haya dado estricto cumplimiento a los fallos”, puntualizó.
Ante esa situación, Aguiluz dijo que se debe «crear una política pública que parta de una voluntad política. Sin embargo, dicha voluntad ellos no lo observan todavía de las fuerzas políticas del país.
“Hay un mecanismo que definitivamente, digamos que, es un avance, pero el mecanismo no está siendo suficiente para proteger a las personas defensoras de derechos humanos», recalcó la experta.
Asimismo, especificó que lo fundamental es que se reconozca que los defensores de derechos humanos aportan al fortalecimiento de la democracia. » Ellos resguardan que todas las personas tengan derechos humanos», expresó.
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Director de Casa Alianza: “Honduras tiene una deuda jurídica en defensa de los derechos humanos”
Sobre el tema, el director de la organización humanitaria Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, afirmó que Honduras tiene una deuda jurídica en la defensa de los derechos humanos de los hondureños.
Ruelas indicó a Efe que de las 13 condenas que la Corte Interamericana le ha dictado al Estado de Honduras, «solo ha hecho acciones tangibles en dos».
“Honduras siempre tiene una deuda jurídica en el sentido de reparación a las víctimas. En garantizar la no repetición de los hechos», cuestionó.
El director de Casa Alianza expuso que se debe hacer conciencia y seguir poniendo el dedo en el renglón. «El gobierno debe comprometerse en el cumplimiento de estas sentencias», aseveró.
Asimismo, el entendido en el tema, coincidió con Marcia Aguiluz, en que el Estado «no ha tenido voluntad política para acatar los fallos. Mucho menos de respetar los derechos humanos.
Señaló que al cumplir las sentencias, el Estado reconocería su responsabilidad de manera explícita. También tendría que comprometerse a tener un cambio de conducta en el sentido de respetar los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en Honduras.
A juicio de Ruelas, Honduras es un país que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos y en la legitimidad de sus instituciones. «Eso mantiene a la población entera en un alto nivel de incertidumbre», afirmó.
En ese sentido, dijo que hay un gran descontento en el país. «La opinión pública es muy desfavorable sobre cómo se manejan los asuntos públicos. También hay un gran crecimiento del mecanismo represivo del Estado”, apuntó.
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Miembro de Copinh: “Amenazas a muerte continúan contra defensores de derechos humanos”
Por su parte, el representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras (Copinh), Felipe Gámez, denunció en el foro que en el occidente del país sigue la persecución y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos que se oponen a proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos que causan daño al medioambiente.
De acuerdo a Gámez, las amenazas llegan de los mismos sectores que denunció la ambientalista Berta Cáceres.
Cabe mencionar que la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, era coordinadora general del Copinh,
Es preciso destacar que en dicho Foro se abordaron varios temas. Entre estos temas destacan la situación actual de los defensores de derechos humanos. Asimismo, el de estándares interamericanos en la protección de derechos humanos. Y también las obligaciones del Estado frente a las violaciones de las garantías de los ciudadanos hondureños.
