Redacción. En horas de la mañana del pasado jueves la presidenta Xiomara Castró ordenó la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) ante denuncias de supuestas irregularidades a lo interno de esa institución pública.
Según Castro, el IP tiene erogaciones por más de 18 mil millones de lempiras, de las cuales no hay registros; además, de que adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del fideicomiso, que era la transformación digital del IP.
Además, la mandataria señaló que después de la liquidación de los fideicomisos por parte del Congreso Nacional (CN), del IP se erogaron más de mil millones de lempiras de manera ilegal.
Tras el anuncio de Castro, el diputado y precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseguró que dicha intervención se trataba claramente de una «persecución política» contra él y hacia las personas que colocó dentro de la institución.
«Quieren despedir a la gente que yo puse. Estoy claro de la persecución que siempre me montan. Me molesta que se involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política. Si el problema es conmigo, deberían de dirigirse directamente a mí», expresó.
Asimismo, se refirió a los mil millones de lempiras que mencionó Castro, justificando que esos fondos eran parte de los compromisos del gobierno anterior al IP.
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Postura del IP
Por su parte, la directora ejecutiva del IP, Lucy Salgado, aseguró que la entidad está abierta a cualquier investigación que sea necesaria para esclarecer lo denunciado por Castro.
«El IP está abierto para presentar la documentación pertinente. Estoy dispuesta a presentar las pruebas de todo el actuar administrativo, porque cuento con documentación de soporte», manifestó.
Del mismo modo, afirmó que «todos mis actuares han sido leales a la ley y al Estado de Honduras». Además, que bajo su administración se ha implementado un plan ordenado y sistemático para liquidar el fideicomiso, conforme a lo establecido por la ley, añadió.
La funcionaria pública sostuvo que el personal de la Secretaría de Finanzas estuvo de acuerdo con el proceso de liquidación de fideicomisos. Por ello, «nos sorprende que esto salga a la luz pública en mayo, porque esto es una situación que hemos venido manejando y consensuando desde la derogación del fideicomiso», apuntó.
Asimismo, dio a conocer que cuando se transfirió los fondos a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), se envió toda la documentación pertinente «sin ocultar información» a la Secretaría de Finanzas.
Intervención debió realizarse tiempo atrás
El abogado constitucionalista Oliver Erazo cuestionó que si el gobierno tenía conocimiento de los problemas internos en el IP por qué no realizó la intervención meses atrás sino que hasta ahora.
En ese contexto, arremetió en contra del gobierno del por qué «esperar hasta el momento en donde uno de los candidatos no oficialistas del partido Libre (Jorge Cálix) en las encuestas se encuentra muy bien posicionado y que saben que la candidata oficialista (Rixi Moncada) no es competencia».
Por ello, aseguró que esa intervención «es una situación que deja un sabor bien amargo para la misma militancia de Libre. También por otro lado deja un muy mal mensaje de la gobernanza».
Además, explicó que «las cuestiones del Estado, las instituciones estatales, las que conforman la parte operativa y ejecutiva de la República, no pueden estar siendo manejadas a través de interventoras o de intervenciones».
Finalmente, agregó que «estamos llenos de juntas interventoras en el país y junto con ella estamos llenos de problemas sin resolver por las mismas juntas interventoras».
Intervención «es necesaria»
Por su parte, el abogado penalista Raúl Paniagua manifestó que está a favor de la intervención que ordenó Castro a la estatal pública.
Explicó que el IP «es una institución que está fuertemente vinculada a la seguridad jurídica por tanto es necesario que constantemente se hagan evaluaciones. Al igual, que reestructuración de personal porque hay muchas denuncias de actos de corrupción».
Asimismo, sugirió que se debe de crear «un canal de denuncias y que toda denuncia que se emita y se interponga por un usuario sea investigada de forma inmediata. Si hay responsables que se ponga a la orden del Ministerio Público».
En cuanto al gasto que incurre en llevar a cabo una intervención de ese tipo, Paniagua indicó que se debe de valorar que se gana y que se pierde al momento de ejecutarlo. «Hay que valorar si se pierde más por quedarse con los brazos cruzados o invertir un poquito». Con ello se podría «recuperar y proteger enormes cantidades de dinero y sobre todo la seguridad jurídica», agregó.
Secuestro de documentos
Al igual que Paniagua, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró positiva la intervención del IP. Además, señaló que esa institución pública cuenta con muchas deficiencias al realizar algún trámite.
«Yo como abogado usuario del IP siento que es deficiente porque se tardan una barbaridad en inscribir las escrituras». Asimismo, lamentó que hayan sacado «a toda la gente experta en el tema y han metido a un montón de activistas políticos. (Ellos) no saben nada de lo que están haciendo ahí». Situación que genera mucho más atraso en ese ente gubernamental, el cual consideró deficiente, agregó.
Por su parte, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) secuestraron los documentos del IP para comenzar con las investigaciones correspondientes.
En horas de la tarde de ayer, los simpatizantes de Jorge Cálix protestaron en las afueras de Casa Presidencial, en Tegucigalpa, en respaldo a su candidato; además, de exigir respeto a las bases de ese instituto político. Sin embargo, elementos policiales llegaron al sector para desalojarlos puesto que con quema de llantas se encontraban obstaculizando el tráfico vehicular.
El proceso de intervención del IP, deberá estar encaminado en revelar las supuestas irregularidades denunciadas entorno a estas millonarias erogaciones. A su vez, usuarios piden que también sirva para auditar unidades y fortalecerlas a fin de que agilicen los trámites que gestiona la institución para volverla más funcional.
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