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jueves, julio 25, 2024

Instalación de la CICIH no requiere de reformas, asegura asociación de jueces

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Redacción. La instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no requiere reformas constitucionales, aseguró este día la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

El ente presentó una propuesta a las autoridades gubernamentales en la cual señala que sólo se podría establecer en el mandato, funciones y demás facultades para operar.

Guillermo López, coordinador del equipo técnico de la AJD razonó ante medios locales que la CICIH es un convenio entre Honduras y Naciones Unidas, por ende, desde que se firma el convenio este adquiere rango constitucional.

Asociación de jueces: Instalación de la CICIH no requiere de reformas
Guillermo López, coordinador del equipo técnico de la AJD.

«Partiendo de esa base, podemos decir que no es necesario una reforma constitucional, sino que eso (el convenio) habilita la reforma del código procesal penal”, explicó.

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A criterio del togado, si se instala la CICIH sin reformar, esta podría trabajar sus casos en conjunto con el Ministerio Público.

“Lo que nosotros ya dejamos establecido en nuestra propuesta es que el organismo podrá impulsar investigaciones e intervenir en el procesamiento judicial. Eso hay que traducirlo en el sentido de que podrá actuar como querellante adhesivo o acusador privado”, añadió.

En caso de su llegada, la AJD señala los problemas como la corrupción y el crimen organizado como los primeros que se deben abordar.

Finalmente, el abogado dijo que en la propuesta recomiendan que la CICIH dure seis años en el país para que se puedan concluir las investigaciones. Sin embargo, en caso de necesitarlo, se puede ampliar el plazo.

Extensión

El aporte de los Jueces por la Democracia se da tres días después de que entrara en vigencia la cuarta extensión del memorándum de entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras para la instalación de la CICIH.

Trasciende que la nueva extensión tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre del 2024. Sin embargo, la situación preocupa a diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, por los constantes retrasos en la implementación de la comisión anticorrupción.

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