Tegucigalpa, Honduras. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un antejuicio en contra de la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado.
El caso está vinculado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Esta se celebró el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
De igual manera, en el proceso se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares. Monto que equivale a más de mil millones de lempiras.
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Además, la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público. Asimismo, el comunicado publicado por el Ministerio Público detalla que Miranda Hernández había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos.
Embargo de las cuentas del Estado
Según la Fiscalía, en fecha 3 de diciembre de 2019 la jueza arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional. Esto derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras. Esta acción ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Del mismo modo, la funcionaria, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
El reconocimiento irregular que la jueza le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc y el FHIS, dio lugar al recién embargo en perjuicio del Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc. En esta ocasión, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras.
Del mismo modo, la UFERCO solicitó se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza señalada. A ella se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones.
