Redacción. La existencia de un expediente investigativo contra el crimen organizado habría llevado a la muerte al político hondureño, Alfredo Landaverde, y al general Julián Arístides González, así lo reveló la exfiscal contra el crimen organizado, Nilia Ramos.
Las declaraciones de Ramos surgen tras las revelaciones de Fabio Lobo al periódico El Faro, donde confirmó que el narcotráfico hizo varios aportes en institutos políticos hondureños para asegurar la continuidad del negocio de la droga hacia Estados Unidos.
«Esto se ha sabido a gritos. Del 2006 al 2009 hubo un expediente completo en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. El caso lo estaba conociendo el general Arístides González y ese expediente salió a la luz en aquel tiempo, incluso la DEA tiene copia de ese documento», dijo.
La exfiscal comentó que antes de su salida del Ministerio Público, dejó un expediente completo con investigaciones desde 2004, pero desconoce la razón por la cual no se presentó un requerimiento fiscal contra expresidentes, diputados, exdiputados y otros investigados.
«En ese expediente está dicha diligencia y estaba complementada. No sé qué pasa que ninguno de los fiscales que llega al Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal», comentó.
Al mismo tiempo, aseguró que por dicha investigación murió el general Julián Arístides González Irías y Alfredo Landaverde.
¿Quiénes eran Arístides González y Alfredo Landaverde?
Julián Arístides González Irías era el titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras.
Por su labor contra el crimen organizado se ganó a pulso el apelativo de zar antidrogas. Sin embargo, un 8 de diciembre de 2009 perdió la vida a manos de sicarios en el Barrio Guanacaste.
Por su parte, Alfredo Landaverde era un hondureño que denunció permanentemente la infiltración del crimen organizado y narcotráfico en el sistema de seguridad.
Landaverde murió a balazos el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa, a los 71 años de edad. Su muerte se suscitó un día después de que públicamente advirtió sobre el destino del país en manos de empresarios, políticos, militares, policías, jueces y fiscales vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.
