TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Antonio Chimirri Castro, podrá recuperar su libertad luego de conocerse que su caso aplica en la Ley de Amnistía para Presos Políticos.
El hondureño permanecía tras las rejas por haber sido encontrado culpable de varios delitos, entre ellos, fraude. Ahora Chimirri podrá ser parte de los beneficios que otorga el decreto de amnistía aprobado días atrás por el Congreso Nacional.
Una vez se le declaró culpable, la justicia hondureña condenó al exgerente de Hondutel a 8 años de prisión, pero ante la Ley de Amnistía, la cual otorga posibilidad de libertad a presos políticos, se anunció que se convierte en unos de los beneficiados.
La Portavoz de los juzgados capitalinos, Barbara Castillo, reveló que en las próximas horas se le hará carta de libertad del hondureño.
“De conformidad con lo resuelto por la juez, se consideró pertinente decretar la extinción de la responsabilidad penal a favor del sentenciado y extender la carta de libertad definitiva”, sostuvo la vocera.
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Acusaciones contra Marcelo Chimirri
En 2017, al señor Chimirri lo encontraron culpable por no poder justificar más de 16 millones de lempiras que obtuvo mientras era funcionario público. En el 2018 lo condenaron a ocho años y seis meses de prisión por abuso de autoridad.
Al exgerente de la estatal telefónica se le capturó en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa, momento en el cual comenzaría su proceso legal.
Marcelo Chimirri deberá esperar que le otorguen su carta de libertad para conseguir salir de prisión, lo que podría suceder en los siguientes días.
La ley
La Ley de Amnistía general, se puede usar en casos de funcionarios, empleados o autoridades que de uno u otro modo se vieron afectadas legalmente por el golpe de Estado del 2009.
La amnistía también incluye a las personas que fueron «víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados».
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