TEGUCIGALPA. Según un reciente estudio, Honduras es el país del triángulo norte que menos decomisa e inutiliza armas ilegales, ya que decomisó 13 mil armas y destruyó solo 7 mil entre el año 2011 y el año 2016.
El estudio detalla que Guatemala decomisó 27.000 armas, El Salvador 22.000 y Honduras 13.000 entre 2011 y 2016. En ese mismo periodo de tiempo Guatemala reportó que fueron inutilizadas 15.972 armas, El Salvador 50.458 y Honduras 7.000.
El informe fue elaborado por la Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Humano. Lo anterior, sobre libre circulación de armas en América Central. El mismo, lleva por nombre «Destrucción de Armas en Centroamérica y el Caribe».
Se presentó en Nueva York durante una reunión de la Organización de Naciones Unidas; para revisar un programa contra el tráfico ilícito de armas.
La investigación fue facilitada el sábado a la AFP en San Salvador por Fespad. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) participó en su elaboración.
Cabe recordar que Honduras figura entre los países centroamericanos más golpeados por la violencia criminal en los últimos años. En consecuencia, el ingreso y circulación de armas contribuye a la violencia criminal que cobra la vida de miles de personas.
El Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) refleja altas tasas de homicidios: 13.129 muertes al cierre de 2017.
Además, el estudio señala que las autoridades aún no logran evitar que los artefactos decomisados vuelvan a manos de los delincuentes.
«Es un hecho que la circulación de armas de fuego es libre en toda el área, con legislaciones muy permisivas en su mayoría», consigna el estudio regional.
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Dejadez de las autoridades
El documento enfatiza que fiscalías y autoridades judiciales han tenido una «falta de atención» a la presencia de las armas. En virtud que los jueces focalizan su atención en los procesados y no en los objetos que acompañan el delito.
En algunos casos las autoridades sí deciden decomisar las armas usadas en el crimen, pero las legislaciones no son claras con relación con su destrucción. «Por una parte se decretan los decomisos, pero no su posterior destrucción», precisa el estudio.
