Redacción. La declaración del ministro de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, sobre la próxima entrada en vigor de contratos relacionados con la planta térmica Brassavola ha generado una controversia al carecer de la aprobación legal por parte del Congreso Nacional.
Según Tejada, los contratos, encaminados a solucionar el problema con la energía en la zona norte, podrían entrar en vigencia con la simple aprobación de la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pues destacó que se encuentran en estado de emergencia.
«Lo que ha sido aprobado por la junta directiva de la ENEE ya puede entrar en operación, estamos dentro del contexto de la emergencia», explicó a los medios de comunicación.
Sin embargo, expertos en energía señalan que, de acuerdo con la ley especial de energía, estos contratos deben obligatoriamente pasar por aprobación del Congreso.
Kevin Rodríguez, experto en energía, explicó a TN5 que la ley establece claramente que los contratos deben someterse al Congreso Nacional, especialmente aquellos que implican cambios significativos en tecnología, capacidad y ubicación.
«Deben de ir al Congreso Nacional porque así lo establece la Ley de Energía que el Gobierno aprobó en mayo del 2022, donde establece que tienen un periodo de 60 días para renegociar los contratos», detalló.
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Violaciones a la ley
La utilización de decretos de emergencia para evitar la supervisión y aprobación adecuada de contratos se ha practicado recurrentemente en anteriores gobiernos, según denuncia la sociedad civil. Juan Carlos Rodríguez, representante de la sociedad, señaló que estas acciones benefician a unos pocos mientras se ignora el debido proceso legal y administrativo.
«Los decretos de emergencia se han utilizado en los últimos gobiernos precisamente para saltar las trancas… Al final de cuenta es que se están repartiendo los beneficios», externó.
Los analistas han advertido que la aprobación de estos contratos sin la debida autorización del Congreso Nacional constituye una violación de diversas leyes, incluyendo la Ley de Contratación del Estado, la Ley General de la Industria Eléctrica y la Ley Especial de Energía.
Para promover la transparencia, Mario Zelaya, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), exigió que se hagan públicos los contratos. «Deberían hacerse públicos si es que las cosas se dan de manera transparente», señaló.
Emergencia
La ENEE se ha visto obligada a tomar medidas urgentes para abordar la crisis energética que afecta al país. Para controlar los persistentes apagones que han afectado varias regiones de Honduras, las autoridades pusieron en marcha cuatro acciones de emergencia. Una de estas medidas incluye la recontratación de la empresa CECHSA para generar 240 megavatios en Cortés, a través de la Planta Brassavola.
La planta Brassavola está diseñada para inyectar 180 megavatios de energía a la red nacional. Esta planta térmica es capaz de operar tanto con diésel como con gas natural. De esa manera, se busca aumentar la capacidad de generación y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en el país.
Antecedentes
Años atrás, durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, CECHSA obtuvo un contrato en 2007 para construir en Trujillo, Colón, una planta de carbón mineral para generar 150 megavatios de energía. Sin embargo, este fue cancelado en 2014 por «falta de avances en la obra».
La ENEE, dirigida entonces por Roberto Martínez Lozano, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, canceló el contrato. Previamente se había extendido de 2 a 10 años, debido a los «problemas de financiamiento» y a que ésta no cumplió con lo pactado.
Años después, CECHSA inició los trámites para que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) le aprobara la licencia ambiental y el estudio del impacto que su construcción tendría en el medio ambiente.
