Tegucigalpa, Honduras.- La falta de acuerdos, los señalamientos de búsqueda de impunidad y de incumplimientos de pactos, tiene estancada la elección de los titulares de diferentes instituciones de segundo grado, según diputados del Congreso Nacional.
Tras un año de retraso para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con la salida de Roy Pineda quien ahora ocupa un cargo como magistrado en la Corte Suprema de Justicia y la vacancia en sus cargos de los magistrados anteriores, este ente regulador del estado se mantiene paralizado en funciones.
Esto implica que varias de las responsabilidades civiles de los casos que investigados por el TSC no han sido enviados al Ministerio Público (MP) a falta de la firma de los magistrados, lo que deriva en la prescripción de los casos conocidos por el TSC.
Lo anterior, mientras los tres partidos políticos mayoritarios dentro del Congreso Nacional no han logrado los acuerdos para realizar los nombramientos, pese a que, a lo interno, ya cuentan con los personajes que estarían impulsando en cada una de las instituciones.
Elecciones de segundo grado
Pese a que los nombramientos de segundo grado están programados en ley desde noviembre del 2023, el panorama en el que se ha desarrollado el proceso mantiene estancados los nombramientos, dando pase libre para acomodar las funciones institucionales a intereses particulares.
Los servidores públicos que aún no han sido electos para ocupar cargos de segundo grado son los siguientes:
- Unidad de Política Limpia
- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
- Los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública
A finales del 2023, en medio de las sesiones extraordinarias, intentaron someter a discusión el nombramiento de magistrados y comisionado. Sin embargo, la bancada del Partido Nacional y la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) solo llegaron para cuidar curules, debido a que la convocatoria la emitió la Comisión Permanente, evitando la selección de autoridades.
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Nuevo plazo
En ese sentido, el pasado 3 de diciembre la Comisión Permanente anunció que se ampliaba el plazo hasta el 6 de diciembre, para que más abogados se postularon al cargo de magistrados del TSC. Medida de la cual, no se conoció los motivos que la impulsaron.
Con la llegada del segundo periodo legislativo retomaron las sesiones ordinarias, pero con una alta mora de proyectos y elecciones. En medio de las negociaciones resaltó que el Partido Nacional estaba poniendo en el plato de negociaciones, el regreso del presidente del instituto político David Chávez, mismo que enfrenta cuenta con un proceso judicial pendiente por fraude.
Aunque los nacionalistas negaron que Chávez fuese parte de las negociaciones, desde la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) afirmaron que ellos se negaron a negociar su regreso y olvidar los delitos que se le atribuye.
De acuerdo con los diputados consultados por Diario TIEMPO, en este segundo periodo legislativo, si alcanzan los consensos se harán los nombramientos en un paquete. En ellos, figuraría la ratificación del fiscal general interino Johel Zelaya y el adjunto interino Mario Morazán, una de las piedras en el zapato.
Posibles nombramientos en paquete
Sobre el tema, la diputada por Libre, Silvia Ayala, dijo a este medio de comunicación que los nombramientos de las instituciones de segundo grado, de alcanzar los consenso, “cabe la posibilidad de hacerlo” en paquete.
“Es una elección que requiere de una mayoría calificada y requiere un acuerdo de la mayor parte de fuerzas políticas representadas. Se tiene que hacer cuando tengamos un acuerdo, son varias elecciones de segundo grado, es muy probable que cuando se logren los acuerdos sea para las diferentes elecciones de segundo grado”, dijo.
Asimismo, señaló que continúan trabajando para lograr los acuerdos con las bancadas de oposición.
“Ellos (el Partido Nacional) tienen meses de estar diciendo que están listos para realizar el nombramiento. El pueblo fue testigo que ellos solo llegaron a cuidar curules, una cosa es lo que dicen y otras son las acciones”, expresó.
Para cerrar, afirmó que la Comisión que tiene la documentación de los nuevos postulantes deberán emitir un informe.
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«Para no rendir cuentas, quieren eliminar las instituciones de segundo grado»
Por su parte, la diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, sostuvo mediante TIEMPO que el partido de gobierno, junto a Luis Redondo, pretenden que se eliminen las instituciones de segundo grado para evitar rendir cuentas.
“Quieren desaparecer estas instituciones, la Unidad de Política Limpia tuvo falencias al inicio. No obstante, es fundamental y es un rol que debe jugar de cara a las elecciones. Esto por el dinero que se puede invertir en las campañas, a ellos no les interesa, solo quieren perpetuarse en el poder a la fuerza”, manifestó.
Agregó: “Como no les gusta rendir cuentas, se les ha visto desde el Congreso, es una clara manifestación que lo que menos quieren es fortalecer las instituciones”.
Además, apuntó que las elecciones de segundo grado se han estancado porque “quieren que les ratifiquemos a los fiscales interinos”.
“Solicitamos de forma respetuosa a la Junta Directiva que es legal a excepción de Luis Redondo, que tienen que respetar los pactos. Hasta el día de hoy Libre no ha cumplido”, cerró.
Impunidad
De su lado, el miembro del PSH, Carlos Umaña, en conversación con TIEMPO expuso que los nombramientos solo responden a una repartición de los tres partidos mayoritarios y “solo buscan impunidad”.
“Ya estaba todo listo y lamentablemente salió una ampliación de plazos para los magistrados del TSC. Desconocemos las verdaderas intenciones que llevaron a esto, porque ni siquiera hemos visto las hojas de vida. Ni siquiera se ha reunido la comisión que analiza los perfiles. Mantiene en secreto absoluto si ingresaron nuevos perfiles de postulantes al TSC, no hemos recibido nada”, dijo.
Umaña afirmó que en el nombramiento de segundos grados fueron incluidos en los diálogos, por ende, votarán, a diferencia de los consensos para el MP. Es por ello que, en la elección en propiedad de los fiscales se abstendrán.
“Lo que buscan es impunidad, buscan ponerle pistolas en la cabeza a la gente para negociaciones, cada quien quiere su cuota de poder. Quieren meter en un combo todas las elecciones, incluyendo la del fiscal. Todos los partidos buscan arroparse con la impunidad”, concluyó.
Sin dar el brazo a torcer y en busca de beneficios partidarios, el Poder Legislativo se encuentra en mora una vez más, y en este caso es en el nombramiento de autoridades cruciales para el ejercicio transparente de la institucionalidad y la administración pública.
