Tegucigalpa, Honduras.- Diferentes sectores de la sociedad hondureña cuestionan que la Comisión Especial para la Libre Expresión creada por Luis Redondo, carece de objetivos claros y podría desembocar en una nueva ley “mordaza” para los comunicadores.
Y es que el pasado martes, 6 de enero, el Poder Legislativo recibió la solicitud de a Comisión de la Relatoría Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, de atender la libertad de expresión y acceso a la información. Además, aseguraron estar preocupados por la violencia de la que han sido víctimas los periodistas en Honduras.
En ese sentido, durante la sesión, Redondo anunció la creación de la comisión que está integrada por los diputados: Jari Dixon Herrera, Darío Morán, José Rosario Tejeda, Kelly Aguilar, Rolando Barahona, Carlos Cano, Bartolo Fuentes, Carlos Raudales, Ligia Ramos, Katia Crivelli y Tomás Ramírez; sin embargo, se desconoce quién la presidirá y el resto de cargos dentro de la misma.
Frente al pleno, Redondo dijo que la comisión estará orientada a las telecomunicaciones, así como las radios comunitarias. Anunció la realización de investigaciones y propuestas de reformas legales ante el Congreso Nacional, situación que ha sido cuestionada por entendidos en el tema, argumentando la falta de claridad en los objetivos y su finalidad.
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CPH en alerta por agenda oculta
Sobre el tema, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, afirmó que están atentos ante las posibles agendas ocultas que pueda contener la comisión.
«Como organizaciones estamos trabajando en el tema de la libertad de expresión, pero solo damos la bienvenida si esta comisión viene verdaderamente a construir. Hay una agenda amplia que desde el Congreso que se debe abordar para mejorar los índices de libertad de expresión», comenzó diciendo.
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Agregó: «si la comisión trae una agenda oculta, si lo que quieren es limitar, restringir, callar y poner un bozal a los medios de comunicación, pues nosotros también estamos preparados, conocemos las instancias nacionales e internacionales».
Contundentemente, terminó afirmando que como CPH no permitirán limitaciones, que pretendan callar o controlar a los medios de comunicación.
Comisión tiene una segunda intención
A criterio del abogado Rodolfo Dumas, es inconveniente que ese Poder del Estado que dirige Luis Redondo pretenda regular la libertad de expresión y lo comparó con los intentos de administraciones anteriores.
«Preocupa ese tipo de iniciativas, porque generalmente persigue otros fines, porque ¿Cuál sería el propósito de analizar ese tema que es de derechos humanos?. Si no es con el fin de emitir algún tipo de regulación, podría haber una segunda intención, no sabemos cuál es, pero debemos estar alertas.», expresó.
Asimismo, expuso que iniciativas que iban contra la libertad de expresión en años anteriores no tuvieron tenido éxito y la actual no sería la diferencia.
«Sabemos que los gobiernos son alérgicos a la crítica, pero en una democracia sana debe de denunciar las irregularidades. Esta iniciativa tiene una segunda intensión”, apuntó.
«En gobiernos anteriores han querido regular la libertad de expresión y es posible que la actual administración intente lo propio», cerró.
Radios comunitarias
Tras los señalamientos de distintos sectores, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que la comisión solo estará enfocada en las radios comunitarias.
«Se ha malentendido esa comisión, tiene como objetivo a las radios comunitarias, no se ha pensado en coartar la libertad de expresión. En cambio, diariamente es el Congreso ha sido sometido a señalamientos», expresó.
El congresista terminó indicando que pretenden que las radios comunitarias «tengan el mismo acceso y posibilidades al público en general. Así como lo tienen otras entidades que ya funcionan».
Gobiernos contra la libertad de expresión
Durante el gobierno del expresidente Porfirio «Pepe» Lobo (2010 – 2014), se impulsó la publicación de los artículos 155 y 157 del Código Penal respecto a calumnias e injurias, y el 355 B sobre “la apología e incitación de actos de terrorismo a través de medios de comunicación”, mejor conocidos como «Ley Mordaza».
Los comunicadores, al verse perjudicados con la «Ley Mordaza» emprendieron una lucha por su derogación. No obstante, fue hasta el 2018 que lograron eliminar el 355 B, quedando pendientes el 155 y 157.
Durante el periodo presidencial de Lobo, Juan Orlando Hernández presidía el Congreso Nacional. Y en 2013, JOH aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida como «Ley de Secretos».
La Ley de Secretos declaraba la información de 16 instituciones estatales como reservada, confidencial, secreta, ultrasecreta, con periodos entre 5, 10, 15 y 25 años, respectivamente. Podía ampliarse por el doble del tiempo fijado. No obstante, en 2022 la derogaron en su totalidad.
Tanto los expertos como comunicadores sociales ya encendieron las alertas para que Luis Redondo desde el Poder Legislativo no repita los escenarios de administraciones anteriores, atentando contra la libertad de expresión y la transparencia.
