SAN PEDRO SULA. Una jueza dictó la medida cautelar de detención judicial a los ocho agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de robar, amenazar e implantar pruebas a un ciudadano en medio de una captura en San Pedro Sula (SPS), Cortés.
A ellos se les dio captura ayer jueves 11 de abril del 2024 y tras la audiencia de declaración de imputado, se les impuso la medida. De acuerdo con los hechos, a los agentes los denunciaron por cometer acciones contrarias al margen de la ley.
El Poder Judicial informó que la Fiscalía de Enjuiciamiento a Funcionarios pidió al juez privar a los ciudadanos del derecho a la locomoción. Entre tanto, la defensa va esperar el momento para contrarrestar la tesis fiscal y por ende solicitó mantener el estado de inocencia de los sujetos.
Los imputados son:
- Wilson Josué Durón Valladares
- Walter Alexander Muñoz Muñoz
- Bayron Isidro Ramos Hernández
- Carlos Noé Núñez Álvarez
- Rodys Edgardo Hernández Casco
- Denis Alfredo Estrada López
- Joel Renán Zambrano Banegas
- Josiel Fernando Rueda Núñez
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Durante la audiencia, a los ciudadanos se les leyeron sus derechos y se les informó sobre la acusación. Asimismo, la jueza detalló que debido a los delitos que se les imputan, no se permite una medida alterna.
Es por ello que los remitieron a que cumplan el término legal de 6 días de prisión en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.
También, se agendó la audiencia inicial para el martes 16 de abril del 2024 en punto de las 9:00 de la mañana.
En el #JuzgadoPenal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción se aplicó la Detención Judicial a los 8 Agentes de la #DPI acusados de 5 delitos entre ellos Asociación para Delinquir en perjuicio de los Derechos Fundamentales de la Sociedad. pic.twitter.com/Kqr0UFhKQl
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) April 12, 2024
Delitos que les imputan
A ellos se les supone responsables de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público y falsificación de documentos públicos.
De la misma manera, se les imputa el ilícito de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos en perjuicio de los derechos fundamentales de la propiedad; derechos contra el patrimonio, la inviolabilidad domiciliaria, la administración y fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas.
La judicatura giró el pasado 10 de abril la orden de captura en contra de los encausados, a siete de ellos se les ejecutó y el octavo se presentó de manera voluntaria.
El hecho
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los agentes cometieron los ilícitos el pasado 12 de enero del 2024, cuando ingresaron a una casa en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, sin una orden judicial.
Según detalla la investigación, ellos rompieron de manera violenta el portón de la casa e ingresaron. Luego se dirigieron a la habitación de la víctima y lo movieron a la sala, donde le propinaron golpes en su cuerpo, mientras que otros revisaban la vivienda.
Tras golpearlo, los policías comenzaron a interrogar a la víctima y le preguntaron que donde guardaba el dinero, droga, armas de fuego y bienes de valor. El ofendido les detalló que no tenía nada de eso, porque no es un delincuente, todo esto mientras lo despojaban de dos Iphone, cartera con documentos personales, dinero, un Apple Watch, un arma de fuego y trataron de boicotear las cámaras.
Amenazas a muerte
Además, luego de tenerlo más de 3 horas detenido, y llevarlo a diferentes lugares de la DPI, los policías le exigieron a la víctima 350 mil lempiras para dejarlo en libertad. Él les manifestó que no tenía esa cantidad, y también se observó que un agente sacó de su chaleco unas bolsas y las introdujo en la mochila. Al amanecer lo llevaron a la DPI en SPS e incluso lo amenazaron a muerte.
Una vez en esas instalaciones de la DPI y luego de presentar informes de investigación falsos, los agentes lo mostraron como miembro de una estructura criminal. En este paso, le implantaron bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática, tipo ametralladora marca UZI.
De la misma manera, continuaron con las amenazas en el sentido de remitirlo al Ministerio Público con esa falsa evidencia, en caso de no darles la cantidad de dinero que le solicitaban. Debido a esta situación, el ofendido procedió con la denuncia y las autoridades con la investigación.