Redacción.- Hacer respetar la propiedad privada mediante el desalojo de las invasiones y dar acceso a tierra, son parte de las tareas más urgentes que tiene por delante la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, creada por la presidenta Xiomara Castro en Consejo de Defensa y Seguridad (CDS).
Y es que, desde hace muchos años, Honduras se ha enfrentado a las invasiones de 36,451.17 manzanas de tierra por parte distintos grupos en los departamentos Colón, Choluteca, Atlántida, Yoro, Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán. Y de acuerdo con datos oficiales, tras las invasiones de tierra se registraron afectaciones en los rubros de 56 fincas de palma africana, ganado, maíz, azúcar, arroz y melón.
Presidenta @XiomaraCastroZ anuncia en Cadena Nacional que en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. pic.twitter.com/vBOVeN9wWR
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) June 6, 2023
En 2022, esta crisis se tradujo en la pérdida de más de 240 millones de dólares en las exportaciones, lo que significó un enorme daño a la economía hondureña, pues el sector agrícola aporta el 12.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35% de las exportaciones del país.
Este año, la problemática de invasión de tierras no ha hecho más que crecer. Tras varios meses en conflicto por la inseguridad jurídica y el ahuyento de la inversión de unos 2,400 millones de dólares, la presidenta informó, finalmente, que se tomarán cartas en el asunto.
Castro reconoció que existe poca evacuación de denuncias, emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo, por lo cual procederán a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial.
Reveló que de 378 denuncias por invasiones de tierra, solamente el 6 por ciento han sido evacuadas. En las 56 fincas de palma invadidas, la mandataria informó que existen 22 órdenes de desalojo y únicamente se han ejecutado 9.
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Tareas de la Comisión
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, quien dirige la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, dio a conocer cada uno de los pasos que seguirán para enfrentar la problemática.
Explicó que la primera acción será el «dar acceso a la tierra a los campesinos, a la mujer campesina, a los indígenas y pueblos originarios y a los productores que la tienen en posesión. O sea, a los pequeños productores y medianos que aquí se les da título”.
El segundo paso enfatizará en ponerle un alto a las invasiones de tierra pues, reconoció Funes, con el paso del tiempo y ante la falta de acciones, se están multiplicando.
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«Las tomas de tierra en Honduras están proliferando a tal grado que tenemos que ponerle un alto», indicó el titular del INA. También aseguró que entre los invasores hay, no sólo campesinos, «hasta hay del crimen organizado y hay gente promoviendo tomas de tierra”.
Además, otra de las tareas de la Comisión será elaborar proyectos de ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional. Estos tendrán el objetivo de dar respuesta a la problemática de la mora agraria.
Anunciaron que los propietarios de tierras invadidas deben presentar la documentación que los acredite como dueños, para proceder a iniciar el proceso de desalojo.
Para mantener la productividad del agro y contener las invasiones de tierra, van a entrar en un proceso de planificación para ejecutar las órdenes judiciales en base a ley.
Reforma Agraria
La presidenta Castro anunció el día de ayer, martes 6 de junio, el proyecto de una reforma agraria que será remitida al Congreso Nacional para su aprobación. Este contiene el aseguramiento de la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes. También la conciliación de justiprecios (tasación) pendiente de pago del decreto 18-2008.
El proyecto planteado «incluirá una sección que castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva de los bosques”, manifestó la mandataria.
Al mismo tiempo, reveló que se instruirá al Instituto de la Propiedad (IP) y al INA para que lleven a cabo una investigación exhaustiva de las propiedades que tiene carácter legal en sus antecedentes registrados, pero que en su tramitación y adquisición, tienen el carácter de ilegitimidad.
La reforma agraria involucra la modificación a la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, para que el INA pueda responder a las demandas de tierra de campesinos y grupos indígenas.
En ese sentido, pretenden darle vida al decreto 18-2008, con el que aseguran se redujo la mora agraria sobre expropiación de tierras. A la fecha se registran al menos 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarán a 4,000 manzanas de tierra y al mismo número de campesinos.
«Brinque quien brinque, debe haber una reforma agraria»
Por su parte, la designada presidencial, Doris Gutiérrez, afirmó que se debe aplicar una reforma agraria para evitar que las tierras productivas se vean como mercancía.
La funcionaria aseguró que con el decreto 18-2008 las titulaciones de tierra fueron efectivas, pues evitaron las invasiones de tierra.
Asimismo, dijo que cuando se aplicó este decreto Honduras era uno de los principales productores de los granos básicos a nivel centroamericano. Recalcó que entonces no se podían poner a la venta las tierras, lo que provocaba que fueran productivas para el país.
«El resultado (de eliminar el decreto) fue que los campesinos vendieron las tierras y emigraron a la capital. Ahora se está tratando de recuperar que Honduras sea el granero de Centroamérica. Éramos los mayores productores y ahora tenemos que comprar estos productos», manifestó.
Gutiérrez dijo que pese a las contradicciones que señalen algunos sectores, el conflicto de la zona agraria de Honduras se debe ver con un enfoque social. «Brinque quien brinque, se pique quien se pique, para el campo se tiene que dar un enfoque social y de asistencia técnica. También para que los campesinos legalicen la tierra», sentenció.
Invasiones afectan capacidad del Gobierno y de la CSJ
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, es del criterio de que la falta de acciones ante las invasiones de tierra debilitan la legitimidad del Gobierno y la capacidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). «Es un tema que preocupa mucho porque afecta la seguridad jurídica», indicó.
Es por ello que «ve con buenos ojos» las acciones prioritarias de desalojo anunciadas por la presidenta, para que se empiece a respetar a la propiedad privada.
«Un país donde no se respeta la propiedad privada está condenado al fracaso y no tiene seguridad jurídica. Además, no tiene inversión extranjera y tampoco el empresariado local va querer invertir», sentenció.
Empresa privada agradece acciones por el respeto a la propiedad privada
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Mateo Yibrin, dijo estar agradecido con el anuncio de la mandataria. «Con esta decisión sí se muestra el compromiso de atraer inversiones, generar empleo y lograr soberanía alimentaria. Manifestamos nuestra disposición de participar en las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra«, señaló.
Asimismo, enfatizó en que presentarán la documentación de las tierras invadidas para que procedan a tomar acciones en cada uno de los casos de invasión.
«La seguridad en la propiedad también promueve la justicia social. Los empresarios pueden planificar para el futuro, generando más oportunidades para la comunidad. Esto es esencial para un clima de negocios saludable», concluyó.
