De cara al desarrollo democrático en Honduras, hay, por el momento, dos cuestiones políticas fundamentales: la elección de la Corte Suprema de Justicia y la reforma electoral. En ambos casos, la perspectiva no luce promisoria.
Hasta ahora, el proceso de selección de candidatos para la elección de la Corte Suprema de Justicia está nimbado de misterio, para decirlo suavemente, con marginamiento total del conocimiento público.
Esa situación presagia, en el ambiente acumulado de desconfianza nacional, un fracaso en relación con el cambio para mejorar la administración de la justicia, para rescatar la independencia institucional del Poder Judicial, y, por ende, para articular el combate contra la corrupción y la impunidad.
En cuanto a la reforma electoral, indispensable para la actualización y modernización del sistema, el tiempo ha transcurrido sin que los partidos políticos tradicionales –el Nacional, hecho poder, y el Liberal, prácticamente en estado vegetativo–, dueños anacrónicos del sistema, hayan mostrado alguna voluntad de renovación de la institucionalidad política-electoral.
La transformación estructural de nuestro sistema político-electoral ofrece, en estas circunstancias, una doble personalidad, por así decirlo: por una parte, mantiene el anquilosamiento del control bipartidista en el organismo electoral, con características discriminatorias y fraudulentas, y, por otra parte, contiene una realidad de quiebre del bipartidismo con la emergencia plural de nuevos partidos de masa y de red.
Una situación anómala que necesariamente debe resolverse democráticamente para dar lugar a la evolución política y la estabilización institucional, de urgente aplicación, para su efecto en el proceso electoral venidero, de 2017, lo cual, a ciencia cierta, requiere de la reforma a fondo del sistema político a través de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP).
El hecho de dejar pasar el tiempo sin abordar, con la debida atención y voluntad, la reforma política-electoral no es, de ninguna manera, inocente. Es parte esencial del proyecto continuista del régimen autoritario, que, entre otros motivos, insiste en llevar adelante la mascarada inconstitucional de la reelección del presidente de la República, y, con ello, la militarización de la sociedad hondureña y el terrorismo estatal, bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Queda poco tiempo para efectuar esa reforma electoral, aunque de ello depende el futuro del país, de la sociedad y del pueblo hondureños, dentro de la lógica bipolar de subdesarrollo-desarrollo.
Una dualidad que no parece preocupar a la “clase” dominante en el poder, la cual únicamente confía en su capacidad de abuso y en la supuesta alienación de la mente nacional, mediante el empleo de una propaganda obsesiva que desconoce el interés nacional y las reclamaciones populares.
