Ocotepeque, Honduras. Autoridades de la Administración Aduanera de Honduras informaron que en las últimas horas decomisaron una considerable cantidad de cigarrillos que pretendían ser ingresados al país vía contrabando.
El decomiso del producto se realizó en la zona fronteriza del departamento de Ocotepeque, en el occidente del país.
El cargamento decomisado corresponde a un estimado de 3 millones de cigarrillos.
La acción estuvo a cargo de la policía de fronteras en Ocotepeque, según informó Aduanas. En el lugar requirieron al chofer del camión que transportaba el producto, para efectos de investigación por esta mercancía.
Asimismo, Aduanas de Honduras detalló que los cigarrillos estaban amparados nada más en una Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA).
Lea además: FECAICA: Contrabando esta llegando cada vez más a CA
Hallazgo
El producto era transportado un un camión que llevaba varias cajas grandes y dentro de ellas otras más pequeñas donde estaban empaquetados los cigarrillos.
Al momento de hacer la revisión de la documentación, las autoridades constataron que se trataba de contrabando hacia Honduras.
¡Nuevo golpe al CONTRABANDO de cigarrillos!
En zona Fronteriza de Ocotepeque, Policía de Fronteras detecta un transportista que pretendía de forma ILÍCITA introducir 3 MILLONES de unidades de cigarrillos amparada en una Factura Y Declaración Única CentroAmericana (FYDUCA). pic.twitter.com/L4iGXStPCy
— Aduanas Honduras (@AduanasHonduras) March 26, 2023
Grave delito
El contrabando constituye una actividad ilegal que consiste en comercializar productos sin el pago correspondiente de impuestos, principalmente los aduaneros. La mayor parte de cometedores de este ilícito pertenecen a estructuras criminales u otras dedicadas al lavado de activos, robo o extorsiones.
El contrabando y la introducción ilegal de marcas falsificadas son parte del comercio ilícito, uno de los productos que más ingresa en el país de manera ilegitima son los cigarrillos.
Las agravantes para quienes comentan el delito de contrabando van desde 3 hasta los 12 años de prisión, esto dependiendo de los montos y los prejuicios que puede ocasionar al Estado.
