Redacción. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decretó este miércoles emergencia ambiental y una inversión millonaria para proteger los bosques de Honduras.
El consejo se reunió este día en el fuerte Mocorón, Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde se declaró la emergencia ambiental de los bosques de Honduras, y la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua. A su vez, se anunció una inversión de 19 mil millones de lempiras.
El proyecto contará con un presupuesto de 1 mil millones de lempiras en el presente año, L2 mil millones en 2025, L3 mil millones en 2026, L5 mil millones en 2027 y L8 mil millones en 2028.
«La tala masiva y la ganadería ilegal, impulsada por el hambre, la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino, el crimen organizado que cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas, están arrasando con los bosques y desestabilizando la región», subrayó la presidenta Xiomara Castro durante su comparecencia.
La mandataria agregó que estos factores “están poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, vital líquido para la sobrevivencia humana, y en especial de las comunidades locales e indígenas. Además, el daño que le causa la contaminación ambiental y el clima global”.
Comisión
Asimismo, se autoriza la creación de la Comisión para la Cero Deforestación a 2029, a cargo de las funciones en defensa, protección y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras. La comisión será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, mientras el Instituto de Conservación Forestal (ICF) actuará como secretario de este cuerpo.
Según el informe, en la gestión de la presidenta Castro, mediante la inversión de 1 mil 600 millones de lempiras, bajo el Programa Andrés Tamayo, se ha logrado la reducción del 67% de la deforestación en la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano.
El CNSD pidió al Ministerio Público (MP) investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal, pues gran parte de la agricultura migratoria, la ganadería extensiva y el cultivo de droga tiene su origen en “el lavado de activos y el crimen organizado”, actividades que “atentan y destruyen los bosques tropicales” de Honduras.
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Control
Igualmente, se aprobó la neutralización y control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado.
Para ello, el Ministerio Público deberá presentar un informe en los próximos siete días y pasará luego a liderar la operación para asegurar el control territorial.
Por su parte, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) deberá proceder al decomiso inmediato y destrucción de la maquinaria que depreda áreas protegidas.
El Gobierno hondureño anulará jurídicamente las autorizaciones extendidas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales.
También ordenó el «desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización» en la zona núcleo de las áreas protegidas, según la resolución.
Investigaciones
Se solicitó también al MP investigar los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad. Estos otorgamientos están dentro del patrimonio público, nacional, forestal inalienable y en especial los que han despojado a las comunidades y pueblos originarios.
El CNSD ordenó a las Fuerzas Armadas aumentar hasta 8 mil soldados en los batallones de protección ambiental, en el marco de la estrategia.
Todas las personas que cometan delitos ambientales serán capturadas y judicializadas. Para ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asignará tres jueces con jurisdicción nacional y el Ministerio Público dispondrá de tres fiscales.
El CNSD también ordenó la creación de la Comisión para la Cero Deforestación. Además, pidió al Congreso Nacional (CN) reformar el Código Penal para endurecer las penas para delitos ambientales.
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