La justicia hondureña anunció que el gerente del proyecto Ciudad del Ángel, José Santos Arias Chicas, fue condenado a una sentencia de 11 años y 11 meses, por haber cometido el delito de estafa que perjudicó a 53 personas.
De acuerdo a los tribunales, la audiencia en contra de Arias Chicas se desarrolló en la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde se le declaró culpable de cometer estafa en concurso real continuada.
Sin embargo, debido a que no se encontró tal delito en el nuevo Código Penal, se modificó la falta penal y pasó a estafa agravada continuada, según reportes.
En contra del ahora sentenciado, se señaló igualmente la declaratoria de responsabilidad civil, que a criterio del Ministerio Público podría oscilar entre 50 y 200 millones de lempiras apropiados.
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El caso
Ciudad del Ángel fue un proyecto residencial que fracasó, según las investigaciones, por construirse en una zona inestable sin elaboración de estudios geológicos y que colapsó en el 2013. Además, más de 200 familias resultaron perjudicadas en este proyecto habitacional.
Arias fue capturado el 21 de julio de 2014 en Comayagua por autoridades
policiales y para ese entonces era el principal sospechoso detrás del proyecto fallido Ciudad del Ángel.
No obstante, para enero del 2017, Arias Chicas escapó horas antes del inicio del juicio oral y público.
Se informó que había huido rumbo a Europa, para así evadir sus responsabilidades y la cárcel en Honduras.
Emiten orden de captura internacional
Para finales de enero, se emitía una orden de captura internacional contra José Santos Arias Chicas.
Luego de permanecer prófugo de la justicia varios años, a mediados del 2020, mediante un comunicado la Policía Nacional de Honduras confirmó que Arias Chicas se encontraba en España y que agentes policiales de ese país le habían dado captura.
Para finales de diciembre de ese año, se informó de la extradición de José Santos Arias Chicas de España a Honduras.
La Policía Nacional confirmó el ingreso de Arias al territorio hondureño. Asimismo, se detalló que permanecería encarcelado hasta el día de su juicio para evitar que se fugará otra vez.
Por lo tanto, el ciudadano quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para que garantice ese estado de reclusión.
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