Redacción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución ordenando a Nicaragua la liberación de 25 individuos catalogados como “presos políticos”. Además, se requiere información sobre el paradero de otras 2 personas que están desaparecidas después de ser detenidas.
Las 25 personas se encuentran detenidas debido a su participación en actividades consideradas como actos de oposición al gobierno actual de Nicaragua. También por desempeñarse como «líderes políticos» en sus comunidades religiosas.
“A la luz de lo indicado, la Corte constata que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos”, indica la resolución.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las medidas de la CorteIDH son:
- Kevin Emilio Castillo Prado
- Víctor Jobelni Ticay Ruiz
- Sergio Catarino Castiblanco Hernández
- Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera
- Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz
- Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón
- Anielka Lucía García Zapata
- Melba Damaris Hernández
- Freddy Antonio Quezada
- Abdul Montoya Vivas
- Eddy Antonio Castillo Muñoz
- Nelly Griselda López García
- Juan Carlos Baquedano
- Carlos Alberto Bojorge Martínez
- Walner Omier Blandón Ochoa
- José Luis Orozco Urrutia
- Álvaro Daniel Escobar Caldera
- Juan Carlos Chavarría Zapata
- Marcos Sergio Hernández Jirón
- Juan Luis Moncada
- Orvin Alexis Moncada Castellano
- Harry Lening Ríos Bravo
- Manuel De Jesús Ríos Flores
- César Facundo Burgalín Miranda
- Marisela de Fátima Mejía Ruiz.
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La lista incluye a periodistas, profesores, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmiembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), estudiantes, misioneros y pastores evangélicos.
La CorteIDH también solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos”.
Orden del tribual internacional
El tribunal internacional ordenó a Nicaragua proteger los derechos a la vida, integridad, libertad personal, salud y alimentación adecuada para las personas beneficiarias bajo las medidas provisionales. Además, se le pidió que garantice el acceso a abogados de su elección y se les instruyó abstenerse de enjuiciar y ejercer represarías contra sus familiares y representantes.
Desacato
En noviembre de 2022, la Corte declaró a Nicaragua en desacato porque el Gobierno de Daniel Ortega no respondió a varias resoluciones que exigían la liberación de “presos políticos” y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos detenidos desde 2018, cuando iniciaron las protestas contra el Ejecutivo.
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Durante los últimos años, Nicaragua ha incumplido repetidamente con resoluciones y órdenes de la CorteIDH, y ha estado ausente en audiencias convocadas por el tribunal. Un ejemplo reciente fue el 3 de julio, cuando los jueces abordaron un caso de feminicidio que las autoridades nicaragüenses no investigaron adecuadamente.
Nicaragua enfrenta una profunda crisis política y social desde abril de 2018 tras las elecciones generales altamente controvertidas del 7 de noviembre de 2021. En dichos comicios, Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo mientras mantenía en prisión a sus principales contendientes. A esos combatientes los expulsó del país y despojó de su nacionalidad y derechos políticos, acusándolos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
