Redacción. Entre 50 y 60 muertes violentas de edad han perdido la vida en los primeros meses de 2024, así lo informó la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN).
En Honduras la niñez representa casi el 50% de la población menor de 18 años. El director ejecutivo de COIPRODEN, Wilmer Vásquez, señaló que solo en 2022 cerraron con 569 asesinatos de menores y en 2023 con 713. Este año -especialmente en enero y febrero- se contabilizó una cifra arriba de los 114 casos de niños, niñas y jóvenes en el país.
«Esto quiere decir que hay un promedio entre 50 y 60 muertes violentas que se suscitan en Honduras mensualmente y siguen siendo los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho, los más violentos en Honduras» dijo.
Según los indicadores nacionales e internacionales, el golpe de Estado en 2009 trajo consigo más muertes violentas, migración general y particularmente en la niñez. En parte por una serie de problemáticas que enfrenta el país como la explotación sexual, trabajo infantil y rapto de maras y pandillas.
Migración y la falta de obligatoriedad política
En temas de migración, Wilmer Vásquez señaló que 2022 cerró con más de mil niños, niñas y adolescentes deportados a Honduras y el 2023 con más de 13 mil. Mientras tanto, en 2024 ya se registran más de 1,950 menores.
Honduras es uno de los países con mayor número de políticas públicas y armonización de la legislación nacional con estándares internacionales. Sin embargo, en las diferentes administraciones la niñez no ha sido una prioridad nacional.
«No es ausencia de políticas públicas, es falta de obligatoriedad política, es falta de focalización de inversión pública para que las políticas de estado se implementen y generen oportunidad y cambios profundos. Además, que haya mayor seguridad ciudadana, seguridad social, educación, emprendendurismo juvenil», dijo Vásquez.
Agregó: «Cuando hay ausencia de estos derechos fundamentales no le queda más a la población hondureña que huir del país, que morir en el intento de tener que quedarse en donde no existen estas oportunidades ni de empleos dignos, ni de salarios dignos y mucho menos de una protección integral por parte del estado».
