TEGUCIGALPA-HONDURAS. Hijos de funcionarios públicos estarían involucrados en actos de corrupción realizados en el programa presidencial “Bono diez mil”, así lo dejaron entrever este martes en San Pedro Sula las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Lo anterior se conoció tras la presentación de nuevas líneas de investigación en cinco casos emblemáticos ya judicializados.
Los miembros del CNA expusieron que se vincula al hijo de una ex presidenta del Banco Central de Honduras (BCH). Sin embargo, no solo esa persona participó en actos de corrupción en la administración pública. Sino que también hay personas que fungieron en Digepesca. Asimismo, en Desarrollo Local de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. También personas que fungieron como comisionados en el «Bono Diez mil», y sub secretarios y secretarios de Agricultura y Ganadería (SAG).
Odir Fernández, miembro del CNA mencionó que 42 millones de lempiras se desfalcaron en dos Organizaciones No Gubernamentales.
“Vemos la participación de otros actores y la necesidad de estos altos funcionarios para poder constituir la junta directiva de cada una de estas organizaciones”, señaló Fernández.
Por otro lado, Fernández reveló que en la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y vivienda, el CNA identificó la suscripción de contratos. En los cuales se pagaron unos 125 millones de lempiras con empresas del clan Los Cachiros. Sin embargo, solo se pagaron 104 millones.
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El CNA también identificó proyectos que no se ejecutaron
También identificaron proyectos que eran de concreto hidráulico pero que al final no se ejecutaron.
“Hemos mostrado las evidencias que no se hicieron los trabajos correspondientes”, aseveró.
De acuerdo a Fernández, cada una de las líneas de investigación que el CNA presenta ante el Ministerio Público. Así como también cada informa que remiten a ente acusador, cuentan con los respaldos suficientes. Y con los indicios racionales de la responsabilidad de quienes ellos señalan.
Por su lado, Gabriela Castellanos, directora del CNA, dijo que de 70 líneas de investigación presentadas solo 12 o 15 han sido judicializadas.
En ese sentido, Castellanos señaló que el impacto económico ocasionado por dichas líneas de investigación es de más de tres mil millones de lempiras.
“La preocupación del CNA es que se judicialicen las causas. Que la corrupción deje de estar en ese apartado oscuro. Nuestro compromiso es señalar no solo a los corruptos, sino que a todos los que están en la corrupción”, concluyó Castellanos.
