Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió requerimientos fiscales y libró órdenes de captura para varios exfuncionarios y en contra de las personas vinculadas con la empresa INRIMAR.
El vocero del Poder Judicial (PJ), Carlos Silva, indicó que dos personas se presentaron con su equipo de defensa.
Del mismo modo, el encargado de comunicaciones detalló que el resto de implicados se podrían presentar de manera voluntaria. No obstante, debido a que no ha ocurrido, se ejecutarán las ordenes de captura.
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Entre los delitos que enfrentan los acusados está la violación a los deberes de los funcionarios. Además, sobre algunos pesan cinco delitos de fraudes y un delito de facilitación para Lavado de Activos.
Nuevo caso
En este sentido, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó este martes su caso denominado «Narcopolítica II», donde se acusa a otras seis personas, entre ellos exfuncionarios de anteriores gobiernos.
Se trata de la segunda línea de investigación relacionada con el caso «Narcopolítica», que en su primera fase comprendió la acusación contra 12 personas señaladas por formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Del mismo modo, el lavado de los fondos se realizaba a través de obras contratadas a través del Estado de Honduras, pero en su mayoría no se ejecutaron.
En esta segunda fase se presentó requerimiento en contra de:
- Hugo Alfredo Ardón Soriano, exdirector del Fondo Vial
- Elder Jacobo Gómez Gavarrete, extitular de la gerencia técnica del Fondo Vial
- Iris María Sarmiento, exasistente de Gómez Navarrete
- Devis Leonel Rivera Maradiaga, gerente propietario de la empresa INRIMAR
- Nohelia Mercedes Pacheco, representante legal de Rivera Maradiaga
- Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).