TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una defensora de derechos humanos advirtió que luego de llegar a un acuerdo y puesto fin a la huelga de los agentes de las Fuerzas Especiales, se podrían esperar represalias e incumplimiento de lo firmado por parte del Gobierno.
En un medio radial, la defensora consideró a bien mantenerse al anonimato. Señaló que ella fue testigo de la mediación que hubo en el 2017 entre el Gobierno y los miembros de la escala básica de la Policía Nacional y los agentes de la Policía Tigres y del escuadrón Cobras (llamados así en ese tiempo).
Cabe recordar que los exCobras en ese tiempo se declararon en huelga de «brazos caídos», supuestamente por la crisis política que atravesaba el país. No querían más estar reprimiendo a la población. Por tanto, pedían el cumplimiento de sus derechos.
Ante ello, autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguraron el pago de salarios para los exCobras entre otros acuerdos pactados.
Sin embargo, la defensora dio a conocer que estos no se cumplieron. Por eso, hoy advierte que lo pactado ayer en horas de la noche entre Seguridad y Fuerzas Especiales podría quedar también en «solo papel».
Lea también: Jefe de DIDADPOL contradice acuerdo y anuncia «mano dura» contra policías rebeldes
Aquí sus declaraciones:
Como defensora de los derechos humanos, estuvimos en el proceso de mediación en el 2017 después de la crisis electoral. No esperábamos que la situación cambiara en ese momento.
Ninguno de los seis puntos que se firmaron se cumplieron por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad.
Recordemos que uno de los que firmaron fue el comisionado que detuvo a David Romero Ellner. Los que se alzaron en repudio contra el Estado en esta ocasión, a parte de no tener experiencia, son jóvenes que acaban de salir de la escuela secundaria, donde a final de año, les hacen creer la falacia de ir a un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos y les ofrecen un trabajo porque no hay otra alternativa: entran a la Policía.
Estos muchachos fueron obligados, bajo presión, amenazas, a bajar la guardia ante esta crisis. Pero no podemos desconocer el descontento de la ciudadanía ante la primera traición.
Nos involucramos quizá por la humanidad, aunque sean de una fuerza policial. Desconocemos al final cuál fue la presión. Quiero denunciar al subcomisionado Miguel Inestroza, el encargado de la Kenedy. Él disparó contra algunos policías el día inicial de la reyerta en la Kenedy. Son testigos los ciudadanos y agentes de la DPI que estaban en rebeldía.
Yo le exijo al Ministerio Público (MP), a la Fiscalía de Derechos Humanos, a la Fiscalía de Delitos Comunes que empiecen a hacer una investigación imparcial sobre estos hechos que pusieron en peligro la integridad de cientos de hondureños.
Así como van a deducir responsabilidades penales y criminales a estos jóvenes, que también se investiguen estos casos y los casos de arbitrariedad de abuso de autoridad de los oficiales en contra de ellos.
Esto no se queda allí. Continuará en decremento de los derechos humanos de estos jóvenes hombres y mujeres. Eran 12 puntos los que exigían, dentro de estos denunciaban y mostraban su descontento por el abuso que sufren las mujeres dentro de las unidades policiales
Sé que con mi postura ahora mismo voy a recibir amenazas. No me importa, ya me han hecho suficiente daño a mí y a mi familia. Ya irradia impotencia que el dinero del pueblo hondureño, en lugar de invertirse en Salud y Educación, se usa para reprimir al pueblo. Sabemos que estamos en manos de autoridades que se mueven al interés del Gobierno.
Sí, es cierto, vulneran nuestros derechos, pero sigamos adelante, porque vamos a ser un pueblo solo aguantados. Les invito a que de manera pacifica sigamos exigiendo nuestros derechos y haciendo uso de la denuncia a nivel internacional.
Les recuerdo, estemos atentos, porque estos muchachos inician un proceso de salida de la institución, pero con cargos penales y que van a ser inmisericordes contra estos jóvenes.
