TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con la Policía Militar realizaron allanamientos a un exfuncionario de Gobierno en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.
Según datos preliminares, se trataría de Benelio Alvarado, exadministrador de Regulación Sanitaria, acusado por la compra sobrevalorada de un sistema de informática.
En ese sentido, agentes ingresaron a la casa de habitación de Alvarado, con el objetivo de obtener más información.
Hasta el momento no se ha dado mayor información, pero sí trascendió que el exfuncionario sería pariente del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto por el vinculo de la familia Alvarado.
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Cabe destacar que anteriormente el Ministerio Público informó el inicio de investigaciones de la supuesta sobrevaloración en millonaria compra de un sistema informático en la Secretaría de Salud en el año 2014.
En ese sentido, en su momento se señaló como responsables a los funcionarios Yolany Batres y Benelio Alvarado.
Ambos exfuncionarios habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude, indicó el Ministerio Público.
ATIC detiene a exempleado del IP
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo el sábado a un exempleado del Instituto de la Propiedad (IP), por supuestos actos de corrupción en la oficina del municipio de Siguatepeque.
El detenido responde al nombre de Norman Gustavo Altamirano Chávez, acusado por la presunta comisión de 28 delitos: 16 por violación de los deberes de los funcionarios y 12 por falsificación de documentos públicos.
Asimismo, por el caso se acusó a Ramón de Jesús Sabillón Gómez y Delmy Gabriela Castellanos Hernández, ambos empleados de la institución.
En ese sentido, los acusados son señalados por el ente acusador de ser presuntos responsables de violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, los tres acusados desempeñaban cargos de implementación, retractación y calificación. Por lo tanto, tenían acceso al sistema computarizado del IP.
Aprovechando esa coyuntura, entre 2013 y 2014 alteraron documentación oficial en el sistema para adjudicar de manera malintencionada propiedades a nombre de otras personas, afectando así a sus legítimos propietarios.
Además, los imputados utilizando su usuario del sistema, realizaron movimientos atípicos, modificando la documentación que en su momento las autoridades habían expedido.
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