Redacción. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante un informe llamado «Estado de País», dio a conocer que en Honduras seis de cada diez hogares viven en pobreza.
En el informe ASJ destaca que, a pesar de la implementación de acciones por parte del gobierno para mejorar la economía y finanzas, persisten los problemas estructurales que mantienen a seis de cada diez hogares hondureños en la pobreza.
Asimismo, el informe reveló que el crecimiento económico registrado en 2023 fue de 3.9 %. Esta cifra resulta insuficiente para mejorar el bienestar de la población.
Incluso, durante el 2023, las familias con mayor poder adquisitivo recibieron 14 veces más ingresos mensuales que las familias de menos ingresos, con una leve mejora respecto a 2022.
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Después de Nicaragua, Honduras fue el país de Centroamérica donde más aumentaron los precios de los alimentos y servicios esenciales como alimentos, insumos de cuidado personal, salud y educación.
En el caso particular de la canasta básica alimentaria, esta incrementó en 7 % respecto a 2022 y 29 % en comparación a 2021.
Los hondureños pagaron 12,240 lempiras por los productos alimenticios esenciales. Sin embargo, el ingreso promedio por hogar asalariado privado fue de 16,082 lempiras mensuales.
Desempleo en Honduras
El informe también especifica que, según datos del INE, entre septiembre de 2022 y junio del 2023, se perdieron 24,908 empleos y 8 de cada 10 personas ocupadas se encontraban en informalidad laboral, lo que limita el desarrollo de la población.
Sumado a esto, la inversión como factor clave para mejorar las condiciones de Honduras ha disminuido en los últimos ocho años, mostrando un leve incremento en 2023 comparado a 2022.
No obstante, Honduras fue el segundo país peor evaluado en Centroamérica en cuanto al Estado de derecho. Así como también con el índice de eficacia del gobierno más bajo, según indicadores internacionales.
En un ambiente de incertidumbre, las reservas internacionales disminuyeron un 10 % en 2023, lo que genera presión al tipo de cambio y aumenta el riesgo de devaluación del lempira frente al dólar estadounidense.
Sobre la ejecución presupuestaria, ASJ afirma que fue mayor a la de 2022. También especificó que 20 % de esta fue ejecutada en diciembre. Esto habría tenido como resultado la limitación a la población de servicios públicos oportunos.
Por otra parte, el 88 % de los fondos se destinaron a salarios, servicio de deuda y transferencias por ley. Mientras que solo 12 % a bienes capitalizables, materiales y suministros.
Para enfrentar los desafíos en materia de economía y finanzas, ASJ recomienda al gobierno hondureño emitir políticas públicas integrales. Asimismo, especificó que estas deben estar orientadas a incentivar la producción nacional, diversificar la oferta exportable, a fin de generar empleo a la población.