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jueves, abril 25, 2024

Dictan arresto domiciliario contra implicados en caso «Caja chica del hermano»

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un juez dictó arresto domiciliario contra Ramón Lobo Sosa, de 90 años de edad y hermano del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, así como a Wilfredo Cerrato Durón, de 71 años de edad, por el caso denominado «Caja Chica del Hermano».

Lo anterior, en virtud del artículo 183 del Código Procesal Penal de Honduras, el cual establece los casos en que no podrá decretarse prisión preventiva, siendo en el inciso uno que determina que la prisión preventiva se sustituirá por arresto domiciliario para los mayores de 70 años.

PRESOS EN SU CASA

El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, manifestó que «en atención a lo que establece el Código Procesal Penal, se dictó arresto domiciliario; es decir, contra ambas personas implicadas, bajo la vigilancia policial». Asimismo, aseveró que la audiencia inicial se fijó para el día martes 20 de noviembre a las 10 de la mañana.

Además, Duarte informó que “ellos deberán acreditar con el debido permiso. También, bajo la vigilancia policial que ha sido señalada y cualquier tipo de atención medica que necesiten”.

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Antecedente

Ayer, los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron a Wilfredo Cerrato. Mientras, Ramón Lobo, hermano del expresidente de la República, se presentó voluntariamente ante la CSJ esta mañana.

La “Caja Chica del Hermano”

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) reveló la línea de investigación «Caja Chica del Hermano». Allí, donde señalaron a Wilfredo Francisco Cerrato, exsecretario de Estado en Administración y gestión Financiera Presidencial.

Asimismo, a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Según indicó Luiz Guaimaraes, vocero de la MACCIH, ambos son acusados de presunto fraude y malversación de fondos públicos.

De acuerdo con la investigación, tanto Cerrato como Lobo Sosa desviaron unos 8 millones de lempiras desde una cuenta de Casa Presidencial. El dinero público estaba destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial; no obstante, los acusados desviaron el monto para otros fines.

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