Tegucigalpa, Honduras. El jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, se manifestó por el caso Caja Chica del Hermano en contra del magistrado José Olivio Rodríguez.
Cabe recordar que a Rodríguez fue acusado por el CNA de haber sobrevalorado la compra de un equipo por más de 20 millones lempiras. El cual estaba destinado a la regional del Instituto de Formación Profesional (Infop) en el departamento de Olancho, cuando el señalado trabajó para esa institución del Estado.
Sin embargo, cinco meses después, el 25 de octubre de 2016, la Sala Constitucional admitió un recurso de amparo a favor de Rodríguez.
Fernández aseguró a Diario Tiempo Digital que este caso «tiene dos años de no moverse». Asimismo, señala que este hecho podría crear un conflicto a la hora que Rodríguez pueda ejercer bien su papel.
Sin embargo, asegura que no pueden opinar en funciones jurisdiccionales.
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Contraste
El contraste, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte aseguró que «no se ha presentado ningún requerimiento fiscal en contra de él (Rodríguez) que pueda inhabilitarlo».
En consecuencia, el magistrado continuará en el caso denominado «Caja chica del hermano». Según Duarte, «el se asignó de acuerdo al rol en el pleno de la Corte Suprema en días anteriores».
Además, el portavoz explicó que «ninguna denuncia causa estado y mientras el Ministerio Público (MP) con su investigación no concluya que hay algún indicio de responsabilidad o presente requerimiento fiscal. Ellos deben seguir cumpliendo sus responsabilidades en el marco de sus asignaciones», dice Duarte.
La “Caja Chica del Hermano”
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) reveló la línea de investigación «Caja Chica del Hermano». En esta ocasión, el señalamiento iba dirigido contra un exfuncionario y el hermano de un expresidente.
Se trata de Wilfredo Francisco Cerrato, exsecretario de Estado en Administración y gestión Financiera Presidencial. Durante la administración de Lobo Sosa. De igual manera, a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Según indicó Luiz Guaimaraes, vocero de la MACCIH, ambos son acusados de presunto fraude y malversación de fondos públicos.
De acuerdo a la investigación, tanto Cerrato como Lobo Sosa desviaron unos 8 millones de lempiras. Desde una cuenta de Casa Presidencial.
El dinero público estaba destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial; no obstante, los acusados desviaron el monto para otros fines.
