TEGUCIGALPA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez anunció este día la implementación de un Plan Nacional de Combate a la Mora Judicial a fin de combatir la dilatación de los procesos judiciales en las diferentes unidades jurisdiccionales a nivel nacional.
Esta novedosa implementación fue compartida por el Magistrado Presidente en el contexto del Panel sobre Judicialización de la Corrupción Pública en el período 2008-2015, organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el cual se presentó una investigación sobre el tema.
Además de la participación del presidente del Poder Judicial disertaron igualmente en este foro el Fiscal General de la República, abogado Óscar Fernando Chinchilla y el doctor Jan Michael Simón, Jefe de la Unidad contra la Corrupción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quienes comentaron el estudio presentado por el Coordinador de Investigaciones de ASJ, Lester Ramírez Irías.
En relación a la mora judicial Argueta Pérez calificó de «inconcebible» que en el sistema de justicia se tarden de uno a cuatro años las resoluciones en los distintos procesos que van desde la presentación del requerimiento fiscal hasta el dictamen de una sentencia absolutoria o condenatoria en el tribunal de sentencia, contrariando lo indicado por la ley que señala un máximo de seis meses para estos procesos.
En este sentido agregó que se debe revisar la normativa que tiene que ver con la justicia penal debido a que es importante orientar el análisis a la normativa procesal penal que en muchas ocasiones dilata los procesos.
Respecto a los casos de corrupción pública, tema central del panel, el abogado Argueta Pérez detalló que según registros por parte del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), entre los años 2011 y 2015, se registra en el seno de los Juzgados de Letras 32 sentencias condenatorias por la vía del Procedimiento Abreviado en materia de Corrupción; dos más en los juzgados de jurisdicción o competencia nacional por la vía de procedimiento abreviado y 58 sentencias condenatorias en los distintos Tribunales de Sentencia del país, lo que suma 92 sentencias condenatorias en el período señalado.
El Magistrado Presidente destacó el compromiso de esta administración del Poder Judicial y el adelanto en el trabajo en el diseño de los Protocolos especiales que contiene las reglas en relación a la convocatoria y proceso de selección de los jueces y magistrados de lo penal con competencia nacional en materia de corrupción y en materia de extorsión en los cuales según enfatizó no se permitirá ningún tipo de injerencia.
Asimismo agregó que «el principio de transparencia debe prevalecer en los procesos de selección de jueces y magistrados» que se ha implementado en los mencionados protocolos.
