Redacción. Entre 2022 y 2023, el Estado de Honduras se ha visto obligado a desembolsar aproximadamente 4,400 millones de lempiras en vista de 6,800 demandas, en su mayoría relacionadas con ‘despidos injustificados’ de empleados públicos, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR).
En 2022 se dieron cerca de 4,000 demandas relacionadas, en parte, con despidos. Aunque en 2023 la cantidad de demandas disminuyó a alrededor de 2,800, por lo que los costos para el Estado se mantuvieron altos, superando los L1,600 millones.
«Más de L2,800 millones en 2022 y más de L1,600 millones en 2023 en concepto de resarcimiento que el Gobierno de la República ha tenido que pagar a estas personas, que han sido despedidas de una mala manera o injustificados«, manifestó el abogado de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, para HRN.
Estos pagos representan indemnizaciones, reintegros, pagos de sueldos caídos y prestaciones para los empleados afectados.
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Otras consecuencias
Las consecuencias de estas demandas también han sobrecargado los sistemas judiciales y laborales del país. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roy Pineda, explicó que hubo un aumento notable en las demandas, especialmente en Francisco Morazán.
«Gran parte se debe a la excesiva contratación del Estado desde el 2021. Se contrató mucho personal por contratos y no bajo acuerdos, y esto generó reconocimiento de antigüedad de los mismos», explicó.
A la lista se suman la preocupante tendencia al abuso de autoridad y la negligencia en la observancia del código laboral. Así como los procedimientos administrativos por parte de los funcionarios públicos.
Comportamiento, seguido de intereses sectarios y políticos, ha contribuido a que el propio Estado de Honduras funcione como el principal infractor de los derechos laborales de los trabajadores, según Pineda.
