TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este día, ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), una denuncia ciudadana contra Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) por irregularidades en las compras de emergencia en el marco de la pandemia de COVID-19.
La denuncia de la ASJ fue realizada por medio del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC). En la cual se exponen cinco procesos de compra que se llevaron a cabo en la administración del exdirector de INVEST-H, Marco Bográn, donde adquirieron:
- 450 ventiladores mecánicos pulmonares por L342.4 millones
- 250 mil kits de pruebas COVID-19 por L46.5 millones
- Equipo de bioseguridad para la Secretaría de Salud por L197 millones
- 290 ventiladores mecánicos pulmonares por L231 millones
- Siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos por L1,186 millones.
Según la acusación de ASJ, existe una falta de planificación en las compras arbitrarias que se reflejaron en los cinco informes que presentó Transparencia Internacional en Honduras.
Asimismo, ASJ incluye dentro de la denuncia los millonarios pagos anticipados sin garantías, la inexistencia de penalidades por entregas tardías y mencionan otros riesgos de corrupción.
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ASJ solicita auditores independientes
En la misma denuncia que presentó el ente representativo de la sociedad civil, solicitó que se asignen auditores con capacidad técnica comprobada. A su vez, indican que dentro del perfil de estos profesionales debe haber experiencia e independencia
Y agregan que deben cumplir con ese perfil «para investigar los hallazgos presentados en los informes. Considerando los graves perjuicios provocados por las acciones de INVEST-H, los cuales trascienden lo patrimonial y económico, imposibilitando al Estado de Honduras garantizar la salud y la vida de cientos de miles de hondureñas y hondureños».
«El TSC, como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, debe cumplir con su mandato constitucional y apegarse a la ley, respetando el debido proceso y actuando de forma independiente e imparcial para asegurar que la persona o personas involucradas respondan ante la ley y la sociedad hondureña, deduciendo la responsabilidad administrativa o civil que corresponda y en caso de encontrarse indicios de responsabilidad penal, remitir el expediente al Ministerio Público de manera inmediata», reza el escrito.
La ASJ exige, también, que el magistrado presidente del TSC, Juan José Pineda, se mantenga al margen de los resultados que arroje la denuncia. «Caso contrario, procederá a solicitar su recusación al resto del pleno del TSC».
De igual manera, piden que los auditores impuestos por conveniencia, es decir, impuestos por influencias de los magistrados, sean separados.
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