CORTÉS, HONDURAS. El actual alcalde de Puerto Cortés, Allan Ramos, emitió una aclaración pública en la que señaló que se interpondrá un recurso para que se rectifique la resolución en su contra, «que causa agravios no sólo a mi persona sino a cada ciudadano de este municipio».
Asimismo, el jefe edilicio aseguró que el acta que él decidió no firmar, misma a la cual se refirió ayer ante los medios de comunicación, contenía varias irregularidades, que especificó con más detalles en el escrito.
«Se me quiere llevar a un juicio por no sancionar un acta de sesión de Corporación Municipal, por contener decisiones ilegales», dijo Ramos mediante la aclaración pública.
Son tres puntos irregulares los que Allan Ramos mencionó que se encontraban en el acta, por los cuales decidió no estampar su firma y ahora lo quieren enjuiciar:
- Se nombró a un nuevo Secretario Municipal sin remover al que se encuentra en funciones. Pasando por encima de la Ley de Municipalidades en su artículo 49 y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
- Se nombró un nuevo Auditor Municipal con seis votos, sin remover al que está en funciones. Pese a que para la remoción y nombramiento de un nuevo auditor
municipal se requiere de las dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación Municipal que se conformaría. El caso de Puerto Cortés, con el voto de siete
miembros de los 11 con derecho. Esto violentó lo que establece la Ley de Municipalidades en su artículo 52. - Se nombró un Director y Subdirector de la Policía Municipal, cargos que no existen en
el Manual de Puestos y Salarios de la Municipalidad de Puerto Cortés y no cuentan con
asignación presupuestaria.
Por lo antes dicho, según mencionó Allan Ramos, «en aras de la responsabilidad administrativa, actué de conformidad con el ordenamiento jurídico establecido en la Constitución de la República, Ley de Municipalidades, Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de la Carrera Administrativa Municipal que disponen mandatos al tenor de los cuales ejerciendo debidamente mis potestades procedí a no sancionar dicha acta, por ser decisiones adoptadas en contravención a la ley».
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¿Persecución política?
Cabe recordar que ayer, ante los medios de comunicación, sonsultado si esta decisión corresponde a una persecución política, Ramos dijo que él espera que no sea así.
La consulta surgió luego de que la semana anterior la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC) detuvo al alcalde liberal de Choloma, Leopoldo Crivelli.
