Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo, presentado años atrás, que reabriría el famoso «Caso Pandora».
La noticia la dio a conocer la abogada Kenia Oliva, representante de las organizaciones campesinas que fueron víctimas por la no ejecución de 282 millones 16 mil 175 lempiras, que se habrían utilizado con fines políticos.
Oliva detalló que la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo a favor de grupos campesinos. Estos habrían sido perjudicados al haber dejado de recibir millonarios recursos de las arcas públicas para ser invertidos en proyectos de desarrollo de las comunidades.
La profesional del derecho informó que los amparos se presentaron en el año 2020 por Codinca (3) y por el Centro Nacional de Trabajadores de Campo (CNTC) (1).
Asimismo, el Ministerio Publico presentó otro por un sobreseimiento que otorgó la Corte de Apelaciones de la CSJ. Este, a favor de los imputados en el Caso Pandora.
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Revisión y continuación del caso
En tal sentido, Oliva comentó que se solicitó a la Sala revisar esa decisión de la Corte de otorgar sobreseimientos definitivos sin haber valorado las pruebas y sin tomar en cuenta los argumentos.
«Fue una resolución que no estuvo motivada. Por lo tanto favorecía a los acusados y en su lugar dejaba desprotegidos a los campesinos que dejaron de recibir este dinero”, explicó.
En tal sentido, comentó que la nueva Sala de lo Constitucional valoró los argumentos presentados en el recurso de amparo presentado años atrás.
Oliva explicó que si el recurso de amparo se resuelve «con lugar», dejaría sin valor y efecto la resolución de la Corte de Apelaciones. Es decir, las cartas de libertad que se les otorgó a los imputados. Si estos sucede, el proceso penal podrá continuar su curso.
¿Qué es el Caso Pandora?
Este caso de corrupción involucró a altos funcionarios, socios, familiares y personas naturales por los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de fondos, falsificación y uso de documentos públicos por un monto superior a 282 millones de lempiras.
Estos fondos estaban asignados para destinarlos a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes para fortalecer las políticas agroalimentarias en varios departamentos del país.
Sin embargo, según las investigaciones del Ministerio Público los fondos habrían sido destinados para financiar campañas políticas en 2013. También, para gastos personales de los implicados.
