TEGUCIGALPA, HONDURAS. El desempleo apunta a convertirse en una de las consecuencias más devastadoras por el confinamiento que provocó la propagación de COVID-19 en el país. Es por ello que el abogado German Leitzelar propone utilizar fondos de la deuda política para hacer frente a la crisis laboral.
Diversas son las opiniones e iniciativas que han manifestado los expertos para intentar salvaguardar la mayor cantidad de negocios y plazas de trabajo.
El reconocido abogado en material laboral también planteó la suya. Se refirió a una fuente de dinero, que quizá no se había considerado, y que podría ser destinada a la reactivación económica de la nación.
Los fondos serían los correspondientes a la deuda política. Según dejó entrever el legista, no es siquiera mínimamente necesario que los agrupaciones políticas reciban esos desembolsos por ahora, por lo que considera deberían ponerse a disposición.
«¿Por qué no reorientamos la deuda política de los partidos hacia los sectores de necesidad?», cuestionó de primera mano Leitzelar.
Y prosiguió: «Ese fondo tiene que estar. ¿Para qué se lo vamos a dar a los políticos ahorita? Este se puede estructurar con centrales obreras y algunas instituciones de Sociedad Civil».
Además, consideró que esa partida presupuestaria podría tener un valioso aporte en el fortalecimiento del asistencialismo; no solo de los ciudadanos que fueron suspendidos o despedidos de sus empleos, sino a todos aquellos dedicados al comercio informal.
Es importante tener en cuenta que el mismo Leitzelar se dedicó un período de su vida a la política; fungió como diputado del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU).
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¿Qué es la deuda política?
En base con el artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, esa «deuda» es la contribución que otorga el Gobierno a los partidos políticos para el financiamiento de los distintos procesos electorales.
Esta figura, con base jurídica, se incorporó a la Ley Electoral en 1982, año de la emisión de la Constitución vigente en Honduras.
Bajo ese término, el Estado sostiene la obligación de proveer a las agrupaciones políticas oficiales 20 lempiras por cada voto (válido) que obtengan en los comicios electorales.
Además, esas entidades recibirán ocho lempiras más por cada voto en concepto de transporte. No obstante, esa cifra varía, está sujeta al Índice de Inflación que reporta el Banco Central de Honduras (BCH) anualmente.
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