TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Congreso Nacional (CN) aprobó en sesión legislativa virtual, autorizar a los Institutos de Previsión Públicos a invertir en valores emitidos o estructurados con la asistencia técnica de organizaciones especializadas de índole supranacional o multilateral, según lo establece el oficio SDP No.156-2020 emitido el pasado 15 de Junio de 2020.
De acuerdo a las disposiciones de ese poder del Estado, con el nuevo decreto se busca que, mediante las inversiones se propicien mejores condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación del riesgo de su cartera de inversiones e impliquen mayor beneficio social a sus afiliados(as).
El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jorge Cálix, opina que el decreto aprobado lo que pretenden hacer es «robar el dinero de los jubilados».
Para Cálix, no se trata de una improvisación del Legislativo, sino más bien de «un plan bien estructurado para saquear las arcas de los institutos de previsión en detrimento de los jubilados. Es un acto más de corrupción», enfatizó el parlamentario.
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¿En riesgo las aportaciones de los jubilados?
A criterio del economista Carlos Urbizo, la nueva disposición, no es una inversión que le pueda interesar a los institutos de previsión, debido a que el Gobierno no tiene límites en su poder.
«El gobierno improvisa, es omnímodo, y puede incumplir impunemente. Sin embargo, si el Banco Central avala la operación, podría ser», explicó el experto a TIEMPO DIGITAL.
Sumado a ello, Urbizo catalogó el decreto como un «asunto delicado». Al tiempo que consideró que, si en Honduras hubiera un Gobierno serio, cumplidor y sin separación de poderes, podría ser una buena opción.
«La experiencia en Honduras en ese sentido es muy mala. Por ejemplo, el Gobierno tiene una deuda enorme con el Seguro Social (IHSS), y cuando paga lo hace con bonos del mismo Gobierno», explicó Urbizo.
Además, «por muchos años el Gobierno también absorbió pérdidas del Banco Central (BCH) con bonos, es decir, puro papel», agregó el experto.
Finalmente, el experto enfatizó que no está de acuerdo con Cálix pues «no se trata de quitarle dinero a jubilados. Se trata de si es una buena inversión o no. Pero, por la concentración de poder que siempre ha habido en el gobierno, no conviene», concluyó.
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