Tegucigalpa, Honduras. El fiscal Juan Carlos Griffin informó en las últimas horas que la audiencia inicial en el caso «Narcopolítica II» (segunda línea en el caso de «Narcopolítica»), quedó suspendida por la falta de jueces.
Las acusaciones son en contra del exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica Elder Jacobo Gómez Gavarrete; y su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira.
Asimismo, contra el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga y su representante legal, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Los casos de «Narcopolítica II» y «Narcopolítica» hacen referencia al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenía como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la empresa les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras. Además, actualmente se registraron otros 10 contratos por 50 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
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Caso «Narcopolítica II»
Se trata de la segunda línea de investigación relacionada con el caso «Narcopolítica», que en su primera fase comprendió la acusación contra 12 personas señaladas por formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Del mismo modo, el lavado de los fondos se realizaba a través de obras contratadas a través del Estado de Honduras, pero en su mayoría no se ejecutaron.
En esta segunda fase se presentó requerimiento en contra de las siguientes personas:
- Hugo Alfredo Ardón Soriano, exdirector del Fondo Vial
- Elder Jacobo Gómez Gavarrete, extitular de la gerencia técnica del Fondo Vial
- Iris María Sarmiento, exasistente de Gómez Navarrete
- Devis Leonel Rivera Maradiaga, gerente propietario de la empresa INRIMAR
- Nohelia Mercedes Pacheco, representante legal de Rivera Maradiaga
- Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Primeros acusados
En la primera fase del caso, los primeros encausados a los que se les presentó requerimiento fiscal fueron:
- Miguel Rodrigo Pastor, exministro de la ya extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). A él se le suponía responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos
- Marlon Geovanny Flores, por 21 delitos de fraude
- Carol Ivonne Pineda, por 21 delitos de fraude
- Norberto Quezada, por 10 delitos de fraude
- José Manuel Valladares Rosa, por 10 delitos de fraude
- Lucas Jetsell Velásquez, por un delito de fraude
De la misma manera, en este caso figuran como coimputados los ciudadanos Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga. A ellos se les acusa de cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
