Quien se atreva a poner en duda la solidez del sistema financiero y de la empresa privada en Honduras corre el peligro de ser castigado con dureza, sin importar la garantía constitucional de la libertad de expresión y del derecho a informar y a ser informado.
Así queda establecido por declaraciones oficiales procedentes, en primer lugar, del Ejecutivo y de las entidades estatales encargadas de la regulación y control de los medios de comunicación social (MCS), entre las que destaca CONATEL, pero también a través de amenazas veladas a la oposición al régimen.
El argumento toral a este respecto es que se impone “la defensa del sistema”, y, de esa manera, cualquier disonancia con lo actuado para liquidación forzosa del Banco Continental, S.A. por imposición foránea y en contraposición al interés público y privado y la defensa de la soberanía nacional se asume oficial e irónicamente con ataque a la estabilidad económica y la integridad de la República.
Sin embargo, las consecuencias de esa liquidación forzosa del único banco corporativo hondureño, cuyo grupo de empresas relacionadas ha generado empleo directo para más de 60,000 personas y ha significado la base económica de la región norte-occidental, con notable incidencia, también, en el Distrito Central de Tegucigalpa y el resto del país, son verdaderamente trágicas, y, por lo mismo, inocultables.
Desde la perspectiva oficial, con el arma de la “legalidad” –sin legitimidad—y de la sumisión al dictado hegemónico, se pretende acallar la protesta nacional, pero sobre todo el sentimiento de alarma al comprobar cada uno de los hondureños su indefensión ante un poder en el Estado que no guarda autoestima e irrespeta la Constitución y las leyes.
Desde ese momento, no puede existir la solidez del sistema financiero y empresarial que con tanta vehemencia –y coacción— asegura el gobierno, con el acomodaticio acompañamiento privado, ante la violación de los principios fundamentales del Derecho, vale decir el debido proceso y la presunción de inocencia cuando no hay señalamiento de culpabilidad por autoridad competente.
Además de todo esto, la estabilidad y funcionamiento del sistema financiero y de la empresa privada en general radica en la confianza del público, de igual modo que en lo correspondiente a la autoridad gubernamental, y, dicho sea de paso, a la comunicación social. Es la confianza, vale señalarlo, un elemento clave de la legitimidad, que, asimismo, se desprende del ejercicio de la soberanía.
La pérdida de la confianza pública, que hoy día está a flor de piel del cuerpo hondureño, de la sociedad, de la nación, del pueblo entero, genera, asimismo, un profundo sentimiento de reclamación ciudadana, que no da lugar a callar la voz de la conciencia y a responder al instinto de conservación como pueblo, que lo impele a hacer valer su soberanía.
Eso quiere decir, entre otras cosas, que el gobierno debería entender que la solidez del sistema financiero y de la libre empresa, sobre todo si comulga de rodillas ante el dios neoliberal, solamente puede existir mediante la confianza de la nación en la entereza y la honestidad de la administración del Estado y ante la prueba del ejercicio sin reserva de la soberanía nacional.
