El ciudadano presidente Juan Orlando Hernández lamenta que los malos hondureños anden por el mundo desprestigiando a su país por las políticas de seguridad del gobierno con el alegato de que, al implementarlas, “estamos haciendo uso de las Fuerzas Armadas”.
“Me criticaron mucho —insiste el presidente y comandante en jefe— cuando dije que los militares deberían ser parte fundamental del nuevo orden de cosas para poder recuperar la paz del país, y el tiempo nos ha dado la razón”.
Eso lo dijo el mandatario en la ceremonia de celebración del 51º Aniversario del II Batallón de Artillería Aerotransportado, prácticamente en respuesta a la carta de 21 legisladores demócratas de Estados Unidos de América (EUA) en que expresan al secretario de Estado, John Kerry, su preocupación por la creciente militarización en Honduras.
“Al quererle hacer mal al gobierno en estas políticas de seguridad —agrega JOH— a quien le hacen daño es al pueblo”. Una manera muy particular de ver el resultado y las consecuencias de esta política militarista, cuyo enorme gasto de fondos públicos redunda en atraso económico, desempleo, desmantelamiento de los servicios públicos, más pobreza e inseguridad.
La permanente propaganda oficial acerca de un descenso rápido de la criminalidad y de la violencia en Honduras, aunque masiva, no ha podido ocultar la casi inalterable situación de inseguridad prevaleciente, cuando solamente se refiere al tema del combate al narcotráfico que corresponde esencialmente a Estados Unidos.
Bajo ese paraguas de la lucha contra el narcotráfico se busca contrarrestar el impacto de la corrupción y de la impunidad, cuyos niveles han rebasado las estructuras del régimen, que, como queda comprobado con el latrocinio de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de la Secretaría de Salud, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre otras entidades del Estado, ha servido para financiar la campaña electoral del partido de gobierno, el Partido Nacional (PN), y para enriquecer al grupo de poder que, por esa vía, pretende la reelección presidencial.
La militarización de Honduras, que, como sucede desde México, pasando por Guatemala y El Salvador, ha exacerbado la violencia y desatado el monstruo del terrorismo de Estado, es paradigmática de un cambio radical de política de Estado en materia de la defensa nacional, ahora transformada en seguridad transnacional. De acuerdo con esa concepción, los principios de soberanía e institucionalidad nacionales se desvanecen, lo mismo que la separación de seguridad interna y externa, que se resume en una sola tarea, la de contrainsurgencia.
De allí el empecinamiento en la militarización de la Policía Nacional (legalmente y técnicamente creada para la seguridad interna), a través de la fundación y pretendida “constitucionalización” de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), así como el involucramiento de las Fuerzas Armadas (creadas para la defensa externa) en el ámbito de la seguridad interna, en función de un artificioso estado emergencia ad hoc permanente.
Todo ese aparato militarista, sustentado en el control presidencial de los poderes en el Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) requiere, para consolidarse, del continuismo del régimen, de la reelección presidencial, para lo cual ha sido violentado lo que queda de la Constitución cuando la Sala de lo Constitucional ha anulado la prohibición pétrea de la reelección.
La indignación nacional contra “el nuevo orden de cosas”, como lo define el ciudadano presidente, todavía no ha llegado a compenetrarse de la tragedia incubada por el régimen, que va mucho más allá de la monstruosidad de la corrupción que la alimenta. De allí que la demanda de la CICI sea prácticamente inalcanzable, lo mismo que una elección ejemplar de la nueva Corte Suprema de Justicia..
